Por: Sonja Wolf
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Las cifras oficiales no logran transmitir el horror de la violencia que envuelve a la sociedad mexicana. También ha sido complicado procurar justicia para los migrantes y sus familias. Si bien las atrocidades cometidas contra las personas migrantes se han documentado ampliamente, el Estado mexicano observa con indiferencia a medida que ocurren y sus agentes se vuelven cómplices de los perpetradores. El presidente López Obrador ha profundizado la militarización de la vida pública. Ahora oficiales militares ocupan cargos de mando en instituciones civiles como el Instituto Nacional de Migración (INM), y la recién creada Guardia Nacional participa en actividades de control migratorio. Los efectos de estas desafortunadas decisiones ya se han observado. Por ejemplo, en Chiapas, en agosto de 2021, un agente del INM fue filmado cuando trató de pisar la cabeza a un migrante que estaba en el suelo. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, comenta en The Vertical Border que “el INM, bajo control militar, es una combinación especialmente explosiva”. Como muestra el documental, la frontera vertical se conforma tanto por el aparato de control migratorio como por la guerra contra las drogas. Esta combinación hace que el paso de los migrantes sea memorablemente desagradable, si no mortal.
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