Por: Rodrigo Romero Sánchez y Felipe Neri Narvaez
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Aun asumiendo la constitucionalidad de la consulta, en un ejercicio hipotético que señale que a la ciudadanía le asiste un verdadero derecho de enjuiciamiento para solucionar cuestiones problemáticamente políticas, el tiempo juega un papel crucial ya que los delitos prescriben. A la vista de cualquier ciudadano, parecería una situación injusta que los delitos cometidos por los expresidentes prescriban y, aun si no lo hicieran, que hayan permanecido impunes durante casi dos años. Por ello, resulta reprochable —jurídica y políticamente— que el presidente, teniendo acceso a la información relativa a las administraciones pasadas, haya decidido no presentar ninguna denuncia ante la FGR en contra de ellos. O incluso, si se quiere, haya decidido no presentar la solicitud de consulta popular desde el inicio de su mandato. Al tomar en consideración el tiempo transcurrido, tanto el discurso presidencial como los anuncios para llevar a cabo la consulta podrían ser considerados como una herramienta de encubrimiento de los delitos de sus predecesores.
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