Por: Mario Rodríguez Vigueras y Leslie Solís
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
El Índice de Estado de derecho en México se basa en tres fuentes de información: una encuesta a población general (a 25 600 personas en los 32 estados del país, 800 en cada uno); encuestas a especialistas en salud pública, justicia civil, justicia penal y derecho laboral (más de 2 300 entrevistas completas), así como datos de fuentes terciarias, que incluyen encuestas y registros administrativos publicados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este Índice se basa en la metodología que el WJP ha aplicado a nivel global durante más de una década en más de 120 países, aunque fue adaptado para reflejar el contexto nacional y la arquitectura institucional del país. El Índice se compone de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Estas dimensiones del Estado de derecho se desagregan en más de 40 indicadores, que a su vez se calculan a partir de más de 600 variables. El resultado permite hacer un diagnóstico más preciso sobre las fortalezas y debilidades institucionales para cada entidad.
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