Por: Fausta Gantús
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
En la “definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, la iniciativa de Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación exhibe sus visos más autoritarios. Las leyes, reglamentos y estatutos con los que contamos hoy en la vida académica y especialmente en los Centros Públicos de Investigación adscritos al Conacyt, también lo son. En efecto, se trata de instrumentos legales que centralizan las decisiones de la vida de la comunidad en las figuras de quienes dirigen o presiden las instituciones. Pero, precisamente contra eso se ha venido combatiendo durante décadas, demandando y logrando —al menos— la creación e instrumentación de cuerpos consultivos y deliberativos en los que se expresen las voces de quienes conforman las instituciones con la finalidad de que sean escuchadas, consideradas y tomadas en cuenta.
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