Por: Diego A. Echánove Cuevas
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
Con decenas de miles de cuerpos no identificados y un número aún mayor de personas desaparecidas con familias en constante búsqueda, las conversaciones sobre una posible solución han girado repetidas veces hacia el análisis de ADN para la identificación y establecimiento de parentesco por la perpetuación de la idea que estas pruebas moleculares son evidencia definitiva: panaceas de la identificación forense. Sin embargo, diversas instituciones gubernamentales y privadas han tenido la capacidad de realizar estos análisis durante ya algunas décadas. Ante esta situación, ¿por qué la crisis continúa? Esto se debe a que la tecnología no es la solución, sino sólo parte de ella. El análisis de ADN no es ni siquiera la única herramienta necesaria en la identificación forense, y aun con todas las herramientas tecnológicas combinadas, el problema seguiría creciendo más rápido que nuestra capacidad de relacionar la evidencia con las identidades; diversos expertos en un informe del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) opinaron que, en las condiciones actuales, serían necesarios 120 años para identificar todos los cuerpos, sin contar los que continúan acumulándose. Esto, aunado al sistema que permite y retroalimenta este fenómeno, es la crisis forense en México.
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