La organización civil México y el Mundo Vapeando afirmó que los cambios a la Ley General de Salud para definir los alcances a la reforma constitucional que señala que la ley sancionará lo relacionado con los vaporizadores, formalizan la entrega al crimen organizado de la distribución y venta de, al menos, cinco millones de dispositivos al mes en territorio mexicano.
A través de un comunicado, el presidente del colectivo, Juan José Cirión Lee, lamentó que los legisladores mexicanos hayan consumado prohibir el vapeo en el país, pues afirmó que esto fue a pesar de la “evidencia científica disponible" y que en varios países, como Francia y el Reino Unido, los vaporizadores ya forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo.
Además, agregó que en virtud de que son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales.
En este sentido, aseguró que la reforma aprobada formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales, las cuales se han visto favorecidas por la política prohibicionista que comenzó en febrero de 2020 con la expedición de decretos presidenciales en contra de los vaporizadores y que alcanzó su cúspide con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024.
“Con la reforma aprobada se formaliza lo que ya vemos en las calles y plazas públicas descaradamente: La entrega del mercado de vaporizadores al crimen organizado; con ello, estas bandas amplían el espectro de sus negocios y no sólo se limitarán al tráfico de estupefacientes o delitos como extorsión o robo, ya que la prohibición no terminó con el consumo ni lo hará; es una medida contraria a la salud pública porque facilita el acceso a menores de edad”, afirmó.
Agregó que se estima que en México existen alrededor de 2.8 millones de consumidores de vaporizadores, de los cuales 2.3 millones adquieren dispositivos desechables que suelen ser utilizados en un lapso en una semana aproximadamente, por lo que al mes se adquieren unos 5.2 millones de dichos productos, mismos que serían distribuidos, comercializados e introducidos al país vía contrabando por bandas criminales ante las políticas prohibicionistas del gobierno mexicano.
Sobre este punto, refirió el informe titulado “Vapeadores y violencia: El Problema de la prohibición en México”, publicado por la red internacional La Prohibición No Funciona (PDNW por sus siglas en inglés); en donde se expone que la prohibición constitucional ha sido “contraproducente, en virtud de que ha llevado a millones de consumidores al ‘mercado negro’, alimenta la actividad delictiva y priva a fumadores de alternativas más seguras”
También agregó que la prohibición ha generado consecuencias que van más allá de las fronteras del país y por lo cual, observó que la próxima revisión del Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), podría "orillar al gobierno mexicano a derogar la prohibición constitucional", aseguró
“Sin un mercado legal, los poderosos cárteles han absorbido todo el comercio, contrabandeando cientos de millones de productos ilegales a Estados Unidos (donde los vaporizadores están permitidos) y revirtiendo las ganancias en redes de drogas y armas”, dice el estudio.
AG