La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera —que entrará en vigor el 1 de enero de 2026— ha encendido las alertas en diversos sectores productivos. Mientras el gobierno destaca avances en control y digitalización, la iniciativa privada advierte sobre riesgos de sobrerregulación que pueden frenar la competitividad y aprovechar menos el nearshoring.
Para la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), el principal foco rojo está en el impacto operativo y logístico; su presidente, José Carlos Pons, señaló que la industria depende de importaciones por 36 mil millones de dólares en insumos, volumen que puede retrasarse si la reforma no se implementa con criterios armonizados con los socios comerciales de México.
Pons advirtió que ya existen disfunciones que complican las operaciones, “empezaron a pasar algunos problemas de permisos de importación. No hay claridad sobre cómo se inspeccionan ciertos productos; se quedan ahí 30 o 60 días, y eso nos complica la operación de algunas plantas”, afirmó.
El líder industrial subrayó que el nuevo marco debe alinearse con Estados Unidos y Canadá para contar con un sistema “más integrado y homogéneo”, en línea con el acuerdo de libre comercio T-MEC, a fin de evitar retrasos adicionales en insumos estratégicos para la industria química.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también advirtió sobre uno de los puntos más controvertidos: los ajustes al Impuesto General de Importación, que contemplan aranceles de entre 10 y 50 por ciento para países sin tratados comerciales con México. Esta disposición impactaría mil 400 fracciones arancelarias que incluyen a sectores como químicos, plásticos y automotriz, entre otros.
La International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que la sobrerregulación prevista puede frenar la competitividad y la relocalización de empresas (llamado nearshoring).
El organismo destacó riesgos como duplicidad de requisitos y exceso de responsabilidades para agentes aduanales; mayores costos y tiempos por nuevos procesos y verificaciones; aranceles de hasta 50 por ciento que encarecería operaciones; y posibles incompatibilidades con el T-MEC y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, lo que expondría a México a controversias.
Desde la visión oficial, la reforma busca modernizar el sistema aduanero para combatir la informalidad y contrabando. El senador Juan Carlos Loera, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, afirmó que la digitalización permitirá mayor transparencia:
“Se reduce la evasión fiscal, se simplifican los procesos y hay mayor seguridad y responsabilidad de los agentes aduanales”, expuso.
Las autoridades sostienen que estas medidas cerrarán la brecha a esquemas ilegales como el “huachicol fiscal”, operado en aduanas por el crimen organizado.
