A 40 años del sismo de 1985, las heridas aún no cierran debido a que persisten problemas legales sobre terrenos afectados por el fenómeno.
En entrevista con MILENIO, Felipe León, vocero del Parlamento Permanente Metropolitano del Valle de México, que agrupa a 70 organizaciones del sector de vivienda y transporte, informó que hasta 15 por ciento de los predios dañados por el terremoto aún están en litigio, por lo que no pueden ser usados para ningún fin.
Señaló que los problemas legales sobre estos terrenos dejan a la deriva miles de viviendas que están en el abandono o son invadidas por el crimen organizado.
“Yo estimó que sí quizá entre hasta 15 por ciento del padrón que se tuvo en su momento entre los edificios dañados por el sismo siguen todavía en rezago por cuestiones jurídicas, pero además yo creo que sí se requiere una nueva revisión a todos los proyectos que se desarrollaron en ese entonces”, comentó.
Las principales alcaldías donde se encuentran los predios son Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tlalpan.
“En el mejor de los casos se encuentran abandonados, pero también han sido invadidos por personas que ahora viven en ellos o el crimen organizado lo usa para sus actividades ilícitas.
“Basta con darse una vuelta a la alcaldía Cuauhtémoc o Venustiano Carranza, principalmente. Muchos de esos predios están ocupados por grupos delictivos y pasó porque en los operativos que se dieron durante la administración pasada y los que se están generando en la actual, pues son los laboratorios, o son centros de puntos de venta de droga, o refugio de de grupos delictivos que están de pandillas”, expuso.
El vocero del Parlamento Permanente Metropolitano del Valle de México destacó que las principales razones de los litigios en estos predios de la Ciudad de México son por falta de escrituras, que no aparecen los propietarios originales y la ocupación ilegal de los mismos.
Burocracia, reto
La burocracia y lentitud de los juicios de regularización son dos factores que han ocasionado que los terrenos sigan en problemas legales, por lo que se prevé esta situación perdure por varios años más, enfatizó Felipe León.
“Debe crearse un grupo de coordinación especial para atender el problema de la certidumbre jurídica de los predios e inmuebles en riesgo, en despojo y en ocupación ilegal por parte de los mismos”, comentó Felipe León.
Señaló que sí existe gente que busca una solución, porque de pronto tienen que compartir su inmueble o su vecindad con personas que no saben quiénes son, de dónde están y cómo llegaron.
“Entonces, yo creo que esas personas deben ser atendidas en un grupo especial y que la autoridad ponga mucha atención porque es un fenómeno que se ha venido incubando desde hace varios años”, enfatizó.
Altos estándares
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 evidenció las deficiencias del reglamento de construcción de 1976 y obligó a una profunda revisión. Desde entonces, se han realizado siete adecuaciones técnicas, la más reciente en 2023, para reforzar la seguridad estructural y convertir al reglamento de la Ciudad de México en uno de los más avanzados de América Latina.
El reglamento de construcción exige que los edificios dupliquen su resistencia y cuenten con ductilidad para disipar energía sísmica. Además, se creó en 2010 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, encargado de inspecciones, registro y evaluación de directores de obra.
Según el ingeniero Bernardo Gómez González, estos avances colocan a la capital con estándares estructurales de los más altos en América Latina.
El uso de materiales más ligeros y flexibles, junto con herramientas computacionales de precisión, ha hecho posible cumplir con estas normas sin incrementar de manera significativa los costos: apenas un 5 por ciento del total de una obra; sin embargo, los defectos constructivos siguen siendo un riesgo, como se observó en el sismo de 2017 con fallas en concreto, varillas o mampostería, pero la ciudad no sufrió tantos daños como pasó hace 40 años.
Vigilancia y participación ciudadana
Uno de los problemas detectados en 1985 fue el uso indebido de edificios como bodegas o fábricas, lo que generaba sobrecargas estructurales. Hoy existen límites claros: 190 kilos por cada metro cuadrado para viviendas y 250 para oficinas. Para reforzar el cumplimiento, se requiere también la vigilancia comunal.
Modificaciones internas, como derribar muros para unir departamentos, pueden debilitar los inmuebles, por lo que los reportes ciudadanos son clave.
El ingeniero Roberto Stark Feldman resalta que el aprendizaje no solo ha sido evitar colapsos, sino diseñar estructuras resilientes que puedan recuperarse rápidamente y con menor costo. La actualización constante del reglamento y el uso de tecnología avanzada, como acelerógrafos instalados en torres, permiten conocer en tiempo real el comportamiento de los edificios y ajustar las normas.
Aunque no existe diseño que garantice “cero daños” en un gran terremoto, hoy los inmuebles están preparados para que estos sean menores y no comprometan su estabilidad. Los colapsos recientes se asocian más a incumplimiento normativo o errores constructivos que a la falta de reglas.
Cuatro décadas después, México transformó la tragedia de 1985 en un laboratorio de aprendizaje.
Normas más estrictas, supervisión institucional, materiales innovadores y tecnología de monitoreo han elevado los estándares de seguridad. Aunque los sismos no se pueden predecir, la combinación de regulación, verificación y participación social permite afirmar que la Ciudad de México está mejor preparada para enfrentar futuros movimientos telúricos sin repetir tragedias pasadas.
Con información de Arturo Gómez Salgado
AG
