La economía mexicana necesita un entorno en el que empresas y personas tengan mayor libertad para tomar decisiones económicas, sin enfrentar trabas burocráticas o regulatorias innecesarias, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
En su reporte semanal destacó que la debilidad de la economía se refleja también en las perspectivas de crecimiento, pues los especialistas del sector privado anticipan un avance promedio anual del producto interno bruto (PIB) de apenas 1.88 por ciento durante los próximos diez años, por debajo del crecimiento promedio registrado en las últimas tres décadas.
De acuerdo con el organismo, una economía requiere condiciones que permitan a los agentes económicos elegir libremente las actividades legales que respondan a sus necesidades, así como decidir cómo obtener recursos, gastarlos e invertir, siempre respetando los derechos de terceros.
A este entorno, explicó, se le puede denominar libertad económica, un elemento que considera fundamental para generar condiciones favorables para las actividades productivas, el empleo y el crecimiento.
Sin embargo, México perdió posiciones en los principales indicadores relacionados con este concepto. En 2026, el país ocupó el lugar 91 de 184 economías en el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation, con una calificación de 59.8 puntos sobre 100.
El resultado colocó al país dentro del rango de una economía “mayormente no libre”, categoría en la que no se encontraba desde el año 2000 y que se encuentra apenas un escalón por encima de la clasificación de economía reprimida.
El Ceesp destacó que uno de los principales problemas se encuentra en el Estado de derecho. Dentro del índice de libertad económica, los derechos de propiedad obtuvieron una calificación de 37.6 puntos, su nivel históricamente más bajo, mientras que la integridad gubernamental registró apenas 28.8 puntos.
Para el organismo empresarial, estas condiciones pueden elevar la incertidumbre que enfrentan las empresas al momento de invertir y, con ello, inhibir un mayor ritmo de crecimiento económico.
El deterioro también aparece en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. En 2025, México se ubicó en el lugar 121, tres posiciones por debajo del año anterior y 22 lugares menos que en 2019.
