La Asociación Mexicana de Internet expresó su preocupación sobre la iniciativa de reforma constitucional al Artículo 41 constitucional, en materia de nulidad de elecciones por presunta “intervención o injerencia extranjera”.
Además calificó que existen riesgos en materia de seguridad jurídica y derechos digitales.
“Manifiesta además su firme preocupación frente a cualquier esquema regulatorio que pueda derivar en mecanismos de control expansivo sobre plataformas digitales o en modelos de monitoreo masivo”, se lee en el comunicado de la asociación.
¿Qué plantea la iniciativa de reforma?
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas al Artículo 41 de la Constitución y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para establecer la nulidad de elecciones federales y locales ante la presunta intervención o injerencia.
Por otro lado, se considerará intervención el financiamiento ilícito, campañas de propaganda, manipulación digital, desinformación sistemática, ciberataques o presiones políticas, económicas, diplomáticas o mediáticas con el objetivo de favorecer o perjudicar candidaturas.
Ante este panorama la asociación apuntó que al considerar diversos elementos de la propuesta se podrían generar riesgos significativos para la libertad de expresión, y el funcionamiento abierto del ecosistema democrático digital.
“La Asociación reconoce plenamente que existen riesgos reales asociados a operaciones de desinformación, uso antiético de IA, campañas coordinadas de manipulación digital, deepfakes y mecanismos de influencia indebida sobre procesos democráticos. Combatir dichas prácticas es un objetivo legítimo del Estado mexicano”, refirió la asociación.
“Sin embargo, precisamente por la complejidad técnica y jurídica de estos fenómenos, cualquier regulación debe construirse con definiciones estrictas, criterios verificables, controles judiciales robustos, así como pleno respeto al marco constitucional y convencional de derechos humanos”, agregó.
Además, añadió que dentro de la iniciativa preocupa especialmente que las actividades legítimas o estructuralmente inherentes al funcionamiento global de internet puedan eventualmente quedar sujetas a cuestionamientos jurídicos o litigios político-electorales.
“México ha construido durante décadas un sistema electoral sustentado en los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y equidad en la contienda”, señaló.
"Toda reforma electoral debe ser plenamente compatible con dichos principios y con el bloque de constitucionalidad en derechos humanos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión y participación política”, concluyó la asociación.
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KL
