Con el fin de eliminar las preferencias en las garantías de los procedimientos fiscales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la iniciativa de reforma al Código Fiscal, enviada al Congreso Federal.
De acuerdo con la agrupación cúpula este proyecto de reforma, es un avance para que el sistema tributario sea más equilibrado, eficiente y contenga una mayor certidumbre jurídica.
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Objetivo de la reforma al Código Fiscal
“La propuesta contribuye a corregir una rigidez operativa que, en la práctica, generaba costos adicionales y limitaciones innecesarias para las empresas que ejercen su derecho a la defensa”.
“Al permitir que los contribuyentes elijan la modalidad de garantía más adecuada a su situación financiera y operativa, se reduce la carga administrativa, se evita la inmovilización desproporcionada de recursos y se favorece la continuidad de las actividades productivas mientras se resuelven los procesos fiscales”, se lee en el documento.
El CCE expuso que desde la perspectiva del sector empresarial, este ajuste normativo fortalece condiciones que son clave para el desarrollo económico, ya que en lo particular mejora la liquidez de las empresas, disminuye espacios de discrecionalidad, eleva la certeza jurídica y reduce controversias que “no abonan al fondo de los asuntos fiscales”.
“Todo ello incide positivamente en la confianza para invertir, crecer y generar empleo en el país, ya que es importante destacar que la iniciativa mantiene intacta la obligación de garantizar el interés fiscal, preservando así la solidez de la recaudación y el equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los contribuyentes”, apuntó.
Reforma fortalecerá Estado de derecho
En este sentido, la reforma implica una mejora en los mecanismos para cumplir con dicha obligación de manera más eficiente y proporcional.
Por lo tanto, la cámara empresarial considera que medidas como ésta reflejan la importancia de avanzar hacia un marco fiscal más moderno, predecible y alineado con las necesidades de la economía productiva.
“Reconocemos la apertura para revisar y ajustar disposiciones que, sin comprometer los objetivos recaudatorios, contribuyen a fortalecer el Estado de derecho y a generar mejores condiciones para el desarrollo del país”, puntualizó.
RM
