La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación a la financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), una de las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) del país, luego de detectar deficiencias de capital e inconsistencias contables que ponían en riesgo a sus clientes.
Mediante un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalló que la Sofipo no presentó ante la CNBV pruebas ni argumentos suficientes para evitar la revocación.
A partir de la notificación, la entidad queda inhabilitada para operar y entra en proceso de disolución y liquidación; la resolución fue firmada oficialmente por la autoridad competente de la CNBV el 19 de septiembre de 2025.
Cabe recordar que desde el 13 de junio de este año, la CNBV mantiene intervenida a esta institución tras una pérdida significativa de capital, que la ubicó en la categoría 4 del Nivel de Capitalización (Nicap), el umbral más bajo.
¿Qué pasó con esta Sofipo?
Desde el 1 de abril, CAME dejó de permitir a sus clientes realizar operaciones a través de su aplicación móvil, además de comenzar el cierre de sucursales, situación que dejó a sus ahorradores sin poder acceder a sus recursos.
La situación detonó una serie de manifestaciones por parte de los ahorradores en los últimos meses, exigiendo la devolución de los mismos, que en algunos casos superan el Fondo de Protección, el cual garantiza hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS).
Al cierre de diciembre de 2024, la Sofipo reportaba un total de 1 millón 371 mil clientes, lo que la posicionaba, hasta ese entonces, como la novena entidad más grande de ese ecosistema.
¿Qué pasará con los ahorradores?
Mediante otro aviso publicado en el DOF, el Fondo de Protección señaló cómo se realizará el pago a los ahorradores de su dinero protegido por ley, con el llamado Pago de Obligaciones Garantizadas.
Se apuntó que los ahorradores tienen 180 días naturales desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación para presentar una solicitud de pago.
La solicitud debe incluir datos personales como: cuentas, monto reclamado, forma de pago deseada, anexar documentos que comprueben depósitos, identificación oficial, comprobante de domicilio y, en su caso, poderes notariales, actas de defunción o documentos legales según corresponda.
El monto máximo a pagar por persona es el equivalente a 25 mil UDIS, aproximadamente 200 mil a 250 mil pesos, dependiendo del valor de la UDI; este pago se realizará en cheque nominativo, transferencia o mediante orden de pago.
Una vez recibida la solicitud, el liquidador revisará la información en 15 días hábiles, para posteriormente el Comité de Protección validarla en los siguientes 20 días hábiles y, si procede, el pago se hará dentro de los 80 días naturales posteriores a la validación.
MRA
