Hollywood se concentró aún más. Paramount ya eliminó el último obstáculo importante para su oferta de 111 mil millones de dólares para comprar Warner Bros., después de jugar su carta maestra: amenazó con abandonar el “Golden State” (Estado Dorado).
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabezó una coalición de 11 fiscales generales estatales más que se oponían al acuerdo, calificaron esas amenazas como “chantaje”; sin embargo, al final, la posibilidad de perder miles de empleos sindicalizados y millones en ingresos fiscales resultó inaceptable. Bonta dio el visto bueno sin exigir las ventas por las que habían luchado los fiscales generales.
Paramount no es la única empresa de renombre que amenaza con abandonar su sede histórica si no obtiene lo que desea del gobierno estatal. En junio, la junta directiva de los Chicago Bears votó a favor de trasladar el estadio del equipo de la NFL a Hammond, Indiana, una localidad vecina situada a unos 40 kilómetros del centro de Chicago, en un estado de tendencia republicana que ofrece mayores subsidios y exenciones fiscales. Elon Musk, de Tesla, quien a lo largo de su carrera ha logrado miles de millones de dólares en concesiones de los gobiernos, ni siquiera tuvo que amenazar con irse de Texas para conseguir los incentivos fiscales que buscaba para completar una nueva fábrica de celdas solares de 10 mil 100 millones de dólares en Houston. El distrito escolar local los aprobó por unanimidad en septiembre, sin debate público alguno.
No es ningún secreto que los estados azules (de tendencia demócrata), como California, Nueva York e Illinois, entre otros, han ido perdiendo actividad empresarial frente a los rojos (republicanos) dispuestos a pagar a las empresas lo que pidan a cambio de que se muden. Según un estudio, los paquetes de subsidios estatales y locales se han duplicado desde 2008, y la mayoría de las empresas en cuestión se trasladaron a lugares como Texas, Carolina del Norte, Florida, Tennessee y Arizona. Las razones, más allá de los incentivos fiscales, son un “entorno favorable a las empresas” y el acceso a “reservas de talento diversas y crecientes”, según un informe de 2026 de CBRE, firma de servicios inmobiliarios comerciales, que analizó las mudanzas corporativas desde 2018.
Esto refleja el hecho de que los propios estadunidenses llevan años alejándose de los estados costeros más caros, la mayoría de los cuales son de tendencia liberal. El costo de la vida es una razón importante para el éxodo masivo hacia el oeste y el sur tras la pandemia, pero una cultura más libertaria también influye. Los estadunidenses adoran su libertad, y muchos sienten que gozan de mayor espacio en lugares con una regulación más laxa.
Aunque en su día se especuló con que los migrantes que se trasladaban de estados azules a rojos tornarían el panorama político en un tono púrpura, es decir intermedio o mixto, (como ha ocurrido en lugares como Georgia, destino de muchos afroamericanos del noreste), gran parte de los que abandonan las zonas costeras hacia estados republicanos son, ellos mismos, conservadores. Un estudio del Public Policy Institute of California reveló que 39 por ciento de los votantes del estado que se marcharon entre 2020 y 2024 eran republicanos, frente a 25 por ciento del total de votantes del estado. Puede decirse que la migración desde California está consolidando la polarización partidista.
Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de que continúe el arbitraje regulatorio, ya que los votantes de los estados demócratas exigen mayores impuestos a las empresas y a los ricos, mientras que los republicanos impulsan con más fuerza políticas de desregulación, impuestos bajos y apoyo a las empresas. Como me comentó un promotor inmobiliario de Miami: “Adoramos a Mamdani; nos genera muchísimo negocio”, refiriéndose a la llegada de compradores ricos que migran hacia el sur. A medida que los estados azules y rojos siguen divergiendo políticamente, estableciendo regulaciones distintas para ámbitos como inteligencia artificial, centros de datos, gobierno corporativo y zonificación urbana, es muy probable que aumente la migración empresarial hacia los estados rojos.
Sin embargo, también puede crecer la disposición a negociar para retener a las compañías. A pesar de los retos geopolíticos, muchas grandes empresas siguen contando con abundante liquidez y predicen mayores ganancias en el futuro. Mientras, los niveles de deuda y déficit federales van en aumento (algo que el mercado de bonos ha notado claramente) y estados como California, Pensilvania, Nueva York, Maryland y Washington también están bajo presión financiera. Los excedentes acumulados durante la pandemia se agotaron, y los costos de educación, atención de salud e infraestructuras están subiendo. El aumento de las tasas de interés tampoco ayudará. Los grandes estados necesitarán más efectivo, y pronto.
Esta asimetría otorga a las empresas un mayor poder de negociación. El caso Paramount sugiere que los estados no sólo están dispuestos a ofrecer subsidios y ventajas fiscales para retener a las firmas, sino también a retrasar, potencialmente, la adopción de medidas regulatorias. Existen ejemplos en los que las amenazas han modificado la legislación. Cuando Texas y Nevada atrajeron a varios grupos que antes estaban en Delaware, este estado flexibilizó sus leyes para intentar frenar la fuga.
Esta carrera hacia el abismo acabará siendo una estrategia perdedora, ya que no modificará los factores económicos fundamentales de las localidades con costos elevados (vinculados al sector inmobiliario y a la mano de obra) y puede agotar las arcas públicas de los estados rojos que prometen la luna y las estrellas a las corporaciones. Estudios revelan que esto puede deteriorar la calidad de los servicios públicos que inicialmente atrajeron a las empresas.
Ante la creciente presión, conviene que los funcionarios públicos evalúen con cautela dichas amenazas para determinar si tienen peso o capacidad de ejecución. Un estudio sobre los incentivos empresariales entre 1990 y 2015 reveló que estos se triplicaron en proporción al “valor agregado” de las firmas durante ese periodo. Sin embargo, influyeron en las decisiones de ubicación, expansión o permanencia de apenas 25 por ciento (o menos) de las compañías que los recibieron. La migración empresarial puede producirse independientemente de que los estados desembolsen o no dichos incentivos.
