Liz Truss y Kwasi Kwarteng, la primera ministra y el secretario de Hacienda de Reino Unido, son apostadores a gran escala. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales (IFS, por su sigla en inglés), el paquete de energía de dos años que presentaron el 8 de septiembre puede costar 100 mil millones de libras (4 por ciento del producto interno bruto) tan solo en el primer año. Su costo total será de 150 mil millones de libras. A esto hay que añadir los recortes fiscales permanentes, de más de 1 por ciento del PIB, y que se espera que se anuncien esta misma semana. Tal vez lo peor de todo, como señala Paul Johnson, director del IFS, es: “la incapacidad de darle un sentido oficial del cálculo de costos fue extraordinaria y decepcionante”. Yo lo llamaría “aterrador”.
Un paquete de energía de este tipo era necesario, por las razones que expuse hace dos semanas. El aumento de los precios de la energía es el resultado de la invasión de Rusia a Ucrania. Era necesario proteger al pueblo británico y a la economía de las consecuencias inmediatas. Además, argumenté que el alza era demasiado grande como para afrontarlo solo con ayudas específicas. En el corto plazo debe haber controles de precios, junto con una ayuda financiera adicional para los hogares más afectados, por lo que seguirá siendo un incremento de tarifas muy grande.
¿Qué hay de malo en lo que hizo Kwarteng, aparte de ni siquiera tratar de decirle al mundo lo que puede costar el plan?
En primer lugar, es demasiado generoso. Según el plan, los precios de la energía para el hogar típico tienen un tope de 2 mil 500 libras durante dos años a partir de este octubre(frente a las mil 100 libras de antes de la crisis). Si la orientación hacia los más vulnerables fuera más espléndida, el límite de precios pudo fijarse en, por ejemplo, 3 mil 500 libras, todavía por debajo del costo previsto de 4 mil 586 libras a partir del 1 de enero y, casi con seguridad, aún más alto más adelante. Esto habría sido más asequible y un mayor estímulo para la eficiencia energética.
En segundo lugar, una parte muy grande del costo recae en el endeudamiento público. El gobierno asume todo el peso de reducir los precios, en lugar de imponer controles a los productores nacionales de energía, como sugerí. Además, no recaudan impuestos adicionales sobre las utilidades inesperadas o sobre los que pueden pagar más. En su lugar, argumenté a favor de una “gravamen de solidaridad” temporal sobre los contribuyentes más acomodados, algo que habría sido justificable en estas circunstancias. Históricamente, los impuestos más altos sobre los más prósperos ayudaron a pagar la guerra.
En tercer lugar, dado que no se suben los impuestos a los más acomodados ni se aumentan las ayudas a los más desfavorecidos, el paquete está mal orientado. Es cierto que, según el IFS, lo que se gana con el plan de ayudas es 14 por ciento de los presupuestos familiares para los del decil inferior y solo 5 por ciento para los del decil superior, porque los primeros gastan mucho más proporción de sus ingresos en energía. Pero el decil superior recibirá cerca de 2 mil libras cada uno, frente a las mil 600 libras de los más pobres. Según la Resolution Foundation, si se añade la probable marcha atrás de los cambios de Rishi Sunak en la seguridad social, los hogares más ricos ganarán más del doble en términos de efectivo que los más vulnerables. Además, estos últimos resultar aún más afectados por el aumento de los precios de la energía en relación con sus ingresos que los primeros.
En cuarto lugar, este paquete es insostenible. Supongamos que los precios de la energía siguen altos durante más de dos años. ¿Qué hará el gobierno? De hecho, es probable que ese momento llegue incluso antes, ya que el plan previsto para las empresas expira dentro de seis meses. Si la crisis dura tanto tiempo, las autoridades tendrán que dejar que las tarifas suban, orientar mejor las ayudas y subir los impuestos.
Por último, la combinación de una relajación fiscal masiva con un bajo desempleo, una inflación elevada y un tipo de cambio débil crea importantes riesgos macroeconómicos. Para el Banco de Inglaterra, el paquete tiene la ventaja de reducir la inflación máxima medida en unos cuatro puntos porcentuales, de acuerdo con la Resolution Foundation. Es de suponer que ese era parte de su objetivo, pero parece probable que el organismo considere que el impulso a la demanda compensará la ganancia de una menor inflación general y adoptará tasas de interés más altas.
El hecho de que el choque de esta combinación de política fiscal más relajada con una monetaria más estricta también eleve el tipo de cambio depende del impacto más importante de todos: la confianza en Reino Unido. Por desgracia, el nuevo objetivo de crecimiento, la relajación fiscal y la esperada decisión de introducir recortes fiscales permanentes parecen uno de esos “impulsos de crecimiento” que hicieron estallar esta economía en el pasado. Es un riesgo que el país no puede permitirse, sobre todo por la aversión al riesgo en la economía mundial actual y las repercusiones del brexit.
Reino Unido no es Estados Unidos. Los extranjeros que lo financian tienen que creer que lo manejan personas serias y responsables. Con la creciente inflación y la relajación fiscal, Gran Bretaña está ahora en un juicio. El deber de Kwarteng es evitar que sea declarado culpable.
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