Los seguidores de los avances en normas antimonopolio en Estados Unidos se han enfocado estos días principalmente en la destitución de Gail Slater, la directora de competencia de línea dura del Departamento de Justicia estadunidense. Por tanto, pudieron pasar por alto un fallo poco claro que involucraba al poder judicial y que debilitó aún más el nivel de escrutinio impuesto a las fusiones corporativas. Son buenos tiempos para los postores; tal vez no tanto para los accionistas.
Un tribunal federal de Texas invalidó las normas creadas durante la administración de Joe Biden que habrían obligado a compradores y vendedores a proporcionar muchos más detalles sobre proveedores, clientes y estructuras de propiedad al solicitar la aprobación regulatoria. Estas normas fueron defendidas por Lina Khan, ex directora de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por su sigla en inglés) y una escéptica acérrima de la consolidación corporativa.
Khan consideró que una mayor transparencia cuando las empresas notifican a las autoridades sus planes bajo la Ley Hart-Scott-Rodino era relevante para determinar si una fusión causaría daños. Sin embargo, el tribunal de Texas dictaminó que el aumento de la carga era excesivo y que Khan había excedido el poder que ejercía como jefa de una agencia de gobierno.
Hace tan solo unos años, existía un incipiente consenso en todos los bandos de los partidos políticos estadunidenses de que las grandes fusiones debían ser examinadas con mayor detenimiento. Ahora esa opinión está en franco retroceso. Los abogados pueden decir con seguridad —sin exagerar mucho— que sus clientes tienen amplia libertad para cerrar acuerdos siempre que no ofendan la sensibilidad del presidente estadunidense, Donald Trump.
Ni siquiera Slater se oponía rotundamente a que las grandes empresas se hicieran más grandes. El Departamento de Justicia estaba llevando casos de monopolización contra compañías como Google, Apple y Visa; sin embargo, en lo que respecta a las fusiones y adquisiciones, se había producido una clara ruptura con la época de la vigilancia de acuerdos de Biden. Las cifras recopiladas por el bufete Dechert muestran que el volumen de investigaciones lideradas por los organismos federales de control de fusiones se redujo de forma drástica en 2025.
“Soluciones conductuales”
Y mientras que los zares de la competencia de Biden estaban dispuestos a llevar casos a los tribunales para bloquear los acuerdos que no les gustaban, Trump se había mostrado dispuesto a permitir arreglos en los que los acuerdos se cerraban con las llamadas “soluciones conductuales”.
En lugar de volver a la situación anterior a Biden, el péndulo osciló hacia la dirección opuesta. La FTC, que comparte la supervisión antimonopolio con el Departamento de Justicia, solo tiene dos miembros en lugar de los cinco tradicionales, sin ningún demócrata. La aprobación de grandes acuerdos como las ofertas de Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros Discovery puede depender tanto de la política como de un análisis económico estrecho.
Incluso si los acuerdos tienen más posibilidades de aprobarse, habrá sorpresas. Y la opacidad del proceso no es nada tranquilizadora. Si la división antimonopolio de Khan tenía un componente ideológico, lo que la reemplazó es la arbitrariedad de la política. Las empresas, los accionistas, los clientes y los consumidores no necesariamente salen beneficiados por esto.
