La entrada en vigor de la nueva Ley General de Economía Circular en México abrió la puerta a una transformación profunda para las industrias del país: fabricantes, comercializadores y productores deberán asumir gradualmente la responsabilidad sobre el destino final de sus residuos.
Sin embargo, a varios meses de su aprobación y publicación en el Diario oficial (el pasado 19 de enero), persiste una incógnita clave para el sector empresarial: las reglas específicas para implementar la legislación aún no existen y tampoco la infraestructura y procesos suficientes para cumplirla.
Actualmente México genera más de 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de los cuales alrededor de 100 mil son materiales reciclables y apenas 10 por ciento de estos si logran entrar a un proceso de reciclar; de acuerdo con datos de Ecoce, se estima que entonces se desperdician más de 170 mil millones de pesos anuales en materiales con valor potencial debido a fallas en los sistemas de recolección y aprovechamiento.
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De acuerdo con el portal Proyectos México, en el país existen apenas 48 plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos distribuidas en 19 estados; esos sitios procesan únicamente 7.45 por ciento de los residuos generados.
De los 2 mil 475 municipios del país, sólo 62 reportaron contar con centros de acopio de materiales reciclables, aunque en total existen 874 instalaciones de este tipo.
Si a esto le sumas que sigue sin existir una ley secundaria que motive a crear la infraestructura para operar la nueva regulación, esto complica aún más el poder cumplirla.
Falta reglamento
Aunque la ley establece que las obligaciones se aplicarán mediante acuerdos sectoriales coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hasta ahora no se publicaron lineamientos concretos que indiquen qué sectores entrarán primero, cuáles serán las metas de reciclaje, cómo operará la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ni qué plazos tendrán las empresas para cumplir.
De acuerdo con la dependencia, los Acuerdos Generales de Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (AGI-REP) “se encuentran en proceso en tiempo y forma” y su elaboración dependerá de la publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular prevista para julio de 2026.
El vacío regulatorio ha comenzado a generar inquietud en sectores industriales, especialistas y empresas dedicadas al reciclaje, advierten que México todavía enfrenta importantes rezagos en infraestructura, manejo de residuos y cultura ambiental.
Mario Grimau, investigador especializado en polímeros y economía circular, dijo que uno de los principales problemas es que la economía circular es impulsada más como una idea conceptual que como un modelo económico plenamente funcional en la práctica.
“La Economía Circular es largamente un planteamiento teórico, al tratar de llevarse a la práctica encuentra demasiados obstáculos de aplicabilidad”, explicó.
El especialista considera que buena parte de los retrasos regulatorios responden precisamente a la dificultad de convertir la ley en mecanismos operativos viables para la industria.
“De las leyes a los reglamentos pasa un tiempo bastante largo al no llegarse a mecanismos efectivos de aplicación de la ley en la práctica real”, afirmó.
Según Grimau, muchos de los problemas actuales derivan de la complejidad técnica que implica trasladar principios generales como: reciclar, reutilizar o reducir residuos, hacia procesos industriales concretos con estructuras de costos ya consolidadas.
Desde la perspectiva operativa, las empresas dedicadas al reciclaje coinciden en que el país aún está lejos de contar con la infraestructura suficiente para asumir un modelo circular de gran escala.
Víctor Pagaza Melero, empresario especializado en reciclaje de llantas y residuos plásticos, aseguró que el nivel de preparación sigue siendo limitado tanto en maquinaria como en gestión integral de residuos.
“En el asunto de maquinaria y procesamiento real de estos desperdicios, pocas empresas lo tienen instalado”, dijo en entrevista.
Aunque algunas compañías extranjeras y ciertas firmas nacionales ya avanzaron en procesos de reciclaje y valorización, reconoció que la mayoría de las empresas todavía opera bajo esquemas tradicionales de consumo y disposición final.
“La costumbre era usar y tirar, literal, así fue mucho tiempo”, señaló.
Pagaza explicó que durante décadas México apostó principalmente por rellenos sanitarios y entierro de residuos, particularmente plásticos, sin construir sistemas robustos de recuperación y reciclaje.
“No hay preparación ni en los rellenos sanitarios, ni en la disposición de muchas empresas, ya que la cantidad es brutal”, afirmó.
En contraste, la Semanart sostuvo que ya mantiene acercamientos con industrias y empresas de sectores prioritarios para comprender capacidades operativas, cadenas de valor y condiciones técnicas antes de emitir los acuerdos definitivos.
El empresario estimó que tan sólo en México se desechan alrededor de 60 millones de llantas al año, muchas de las cuales terminan abandonadas o enterradas.
“Son millones y millones tiradas. Y así el unicel, así los plásticos. No hay preparación”, sostuvo.
Costos, inversiones y nuevas exigencias
La implementación de la nueva legislación también obligará a modificar procesos internos dentro de las empresas, desde áreas de compras hasta estrategias de sustentabilidad y cumplimiento de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).
Pagaza consideró que muchas compañías deberán replantear su visión sobre materiales reciclados y abandonar la idea de que son productos de menor calidad.
“Las empresas tienen que darle prioridad a lo reciclado, que repito, no es más caro”, comentó.
A su juicio, uno de los mayores desafíos será profesionalizar las certificaciones ambientales y evitar prácticas de simulación en productos supuestamente sustentables.
“También las empresas y el gobierno deben tener especialistas que revisen que las certificaciones que se anuncian sean reales”, señaló. A esto se suma que el manejo y disposición final de residuos representa una presión creciente para municipios y estados. En México existen más de 2 mil sitios de disposición final de residuos, aunque una parte importante enfrenta problemas operativos y ambientales.
El empresario advirtió además que la transición no podrá consolidarse únicamente mediante regulación, sino que requerirá inversión pública en infraestructura y una política activa de compras gubernamentales enfocada en productos reciclados.
“El principal consumidor de este país es el gobierno. Si el gobierno comprara productos reciclados, México cambiaría”, aseguró.
Los riesgos de retrasar los acuerdos
La ausencia de acuerdos sectoriales no sólo retrasa inversiones o decisiones empresariales; también podría tener consecuencias ambientales y económicas importantes.
“Su retraso o su no claridad va a hacer que se atrase todo y que nos cueste más trabajo”, afirmó Pagaza. A la presión ambiental se suman crecientes exigencias financieras y regulatorias relacionadas con el manejo de residuos. Actualmente, más del 90 por ciento de los inversionistas institucionales globales consideran criterios ESG en sus decisiones financieras, lo que ha elevado la presión sobre las compañías para demostrar prácticas ambientales sostenibles.
Además, recordó que actualmente bancos, inversionistas y calificadoras ya incorporan criterios ambientales en evaluaciones financieras y acceso al crédito.
Grimau coincide en que la incertidumbre regulatoria genera riesgos particularmente complejos para industrias que dependen de materiales que podrían verse restringidos o sustituidos bajo nuevos criterios ambientales.
“Los cambios asociados a la economía circular se interpretan como difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de modificar procesos industriales maduros”, indicó.
También advirtió que varios países han enfrentado problemas similares al intentar implementar modelos de Responsabilidad Extendida del Productor, particularmente cuando no existen sistemas eficientes de recolección, reciclaje y recuperación de materiales.
La dependencia aseguró que el modelo de implementación buscará evitar impactos abruptos para las empresas mediante metas graduales, flexibilidad de cumplimiento y mecanismos colectivos que permitan adaptar operaciones e inversiones de manera escalonada.
La hoja de ruta planteada por la SEMARNAT contempla la publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular en julio de 2026; posteriormente, los primeros Acuerdos Generales de Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (AGI-REP) serían publicados en enero de 2027, mientras que las primeras consultas públicas formales arrancarían durante el primer semestre de ese mismo año.
Una transición con desafíos estructurales
La nueva ley mexicana busca acercarse a modelos internacionales impulsados en Europa y otras regiones, donde fabricantes y comercializadores deben responsabilizarse del ciclo completo de vida de sus productos y empaques.
Sin embargo, Grimau considera que muchos de esos modelos todavía enfrentan problemas importantes incluso en economías desarrolladas. De acuerdo con reportes internacionales, la economía mundial es actualmente apenas alrededor de 7 por ciento circular.
“En Europa, las evaluaciones demuestran que la proporción de procesos económicos efectivamente circulares ha disminuido de forma continua desde 2017”, señaló.
El investigador considera que uno de los errores más frecuentes de los gobiernos ha sido sobreestimar las capacidades reales de la economía circular.
“Se ha vendido como una alternativa salvadora frente a múltiples crisis ambientales, pero en la práctica ha sido muy difícil ejecutarla”, afirmó.
Aun así, tanto especialistas como empresarios coinciden en que México necesitará avanzar hacia modelos más sustentables ante el crecimiento de residuos, contaminación plástica y presión internacional sobre cadenas de suministro.
La economía circular representa un nuevo sector económico para la industria y una oportunidad para transformar los patrones de producción y consumo del país, ha sostenido la Semarnat.
Según la hoja de ruta preliminar de la dependencia, los primeros sectores prioritarios para la implementación incluirían neumáticos fuera de uso, envases plásticos y residuos de construcción y demolición.
AG
