M+.– México mantiene pendiente la implementación obligatoria de trazadores químicos en gasolinas, diésel y gas LP, pese al fortalecimiento de las medidas contra el huachicol y las nuevas exigencias de trazabilidad en la cadena de suministro de combustibles, señalaron especialistas del sector energético a MILENIO.
Aunque países como Reino Unido, Irlanda y algunas naciones de África y Sudamérica utilizan marcadores químicos para identificar el origen legal de los combustibles y detectar alteraciones o robo durante el transporte, en México la estrategia oficial continúa enfocada en controles fiscales, digitales y documentales.
Isidro Fernández López, CEO de la consultora Ifenerghi, explicó que el país enfrenta retos regulatorios, operativos y de supervisión que han frenado la adopción de tecnologías avanzadas de trazabilidad, incluidos los sistemas de trazadores químicos.
¿Qué son los trazadores químicos?
Los trazadores químicos son sustancias o marcadores moleculares incorporados a gasolinas, diésel o gas LP para verificar su origen y rastrear posibles alteraciones, mezclas ilegales o desvíos relacionados con el robo de combustibles.
En México, el tema ha sido discutido desde hace varios años dentro de la industria energética, especialmente por el crecimiento del huachicol y las pérdidas económicas derivadas del mercado ilegal de hidrocarburos. Sin embargo, hasta ahora no existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) ni una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que obligue a utilizar trazadores químicos en combustibles.
Actualmente, la estrategia del gobierno federal se concentra en controles volumétricos, monitoreo fiscal, permisos digitales y trazabilidad documental.
Como parte de estas medidas, en 2026 entró en vigor el “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” integrado al CFDI, mediante el cual gasolineras y comercializadores deben reportar información relacionada con el origen, traslado y permisos del combustible que venden.
La medida busca combatir el llamado “huachicol fiscal”, relacionado con importaciones ilegales, simulación de operaciones y evasión de impuestos en el mercado de combustibles.
Alicia Zazueta, directora de la consultora eServices, explicó que las nuevas disposiciones en México privilegian mecanismos administrativos y verificaciones documentales, como códigos QR, validación de permisos y supervisión digital, en lugar de incorporar sistemas físicos o químicos directamente en los combustibles.
En paralelo, el gobierno federal también publicó nuevas disposiciones en el Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos (LSH), que obligan a comercializar combustibles bajo marcas registradas ante las autoridades, eliminando la práctica conocida como “bandera blanca”.
Fernández señaló que las nuevas reglas convierten la trazabilidad en una “prueba de legalidad” para las empresas del sector gasolinero.
“Actualmente, no se limita a una obligación administrativa, sino a la exigencia probatoria y operativa de demostrar la licitud del producto en cada etapa de la cadena de suministro”, explicó.
El especialista añadió que las marcas comerciales también funcionarán como mecanismos de control para identificar responsabilidades dentro de la cadena de distribución y facilitar el rastreo del combustible que llega al consumidor final.
Retos técnicos y financieros de implementar trazadores químicos
Pese al endurecimiento regulatorio, especialistas consideran que implementar trazadores químicos en México implicaría desafíos técnicos, regulatorios y financieros relevantes.
Entre los principales retos destacan los costos operativos para Petróleos Mexicanos (Pemex), importadores y terminales de almacenamiento, así como la necesidad de desarrollar laboratorios especializados y sistemas nacionales de verificación.
También existe preocupación sobre posibles riesgos de corrupción, manipulación dentro de la cadena logística y la necesidad de modificar regulaciones energéticas para permitir una adopción masiva de esta tecnología.
Durante los últimos años, coincidieron especialistas, el gobierno federal ha privilegiado mecanismos fiscales y administrativos para combatir el mercado ilegal de combustibles, en lugar de implementar tecnologías químicas de rastreo.
La estrategia oficial se ha enfocado en fortalecer permisos, supervisar importaciones, monitorear operaciones ante el SAT y aumentar los controles documentales sobre hidrocarburos y petrolíferos.
Las nuevas obligaciones ya comenzaron a generar presión operativa sobre gasolineras, transportistas y distribuidores de combustibles.
Fernández advirtió que incumplir con las nuevas reglas de trazabilidad puede derivar en multas millonarias, cancelación de permisos e incluso sanciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.
Alicia Zazueta agregó que las empresas gasolineras y distribuidoras ahora tienen responsabilidad solidaria sobre la legalidad del combustible que reciben y comercializan.
La especialista detalló que las empresas deberán verificar, mediante códigos QR, que las unidades de transporte estén registradas ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuenten con seguros vigentes y tengan permisos válidos emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
“Si detectan irregularidades, no deben recibir el combustible”, advirtió Zazueta, al señalar que las sanciones podrían alcanzar hasta 38.9 millones de pesos, además de la revocación de permisos.
Más de 22 mil unidades deberán cumplir nuevas verificaciones
Gabriel Rosas, director de Operaciones de Verifigas, explicó previamente que las estaciones de servicio tendrán que rechazar producto proveniente de unidades que no cumplan con la trazabilidad requerida, debido al riesgo de estar vinculadas con robo de combustible.
El especialista también advirtió que un reto adicional será la capacidad operativa de las autoridades para emitir y supervisar miles de códigos QR en un periodo reducido, considerando que existen más de 22 mil unidades de transporte registradas ante la CNE.
En el caso del gas LP, añadió, el desafío podría ser mayor debido a la falta de cifras exactas sobre todas las unidades involucradas en el reparto y distribución del combustible.
Por su parte, Dora Luz Sotelo Limón, socia de GMB Abogados, alertó sobre riesgos de clonación o emisión irregular de códigos QR, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia institucional.
También señaló que será importante definir con claridad qué autoridades podrán realizar inspecciones para evitar abusos o revisiones arbitrarias durante operativos carreteros y puntos de revisión.
Especialistas coincidieron en que las nuevas obligaciones regulatorias obligarán a las empresas a invertir en sistemas GPS, monitoreo en tiempo real, capacitación de personal y herramientas administrativas adicionales para cumplir con las exigencias de trazabilidad.
Aunque México aún no adopta trazadores químicos de forma obligatoria, la industria energética enfrenta una nueva etapa de control y vigilancia sobre combustibles.
Por ahora, el país decidió construir la trazabilidad del mercado de hidrocarburos a partir de datos fiscales, registros digitales y supervisión documental, en lugar de incorporar marcadores químicos directamente en gasolinas y diésel.
