México mantiene una alta dependencia del gas natural importado, por lo que el gobierno federal volteó hacia el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking; sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte sobre importantes desafíos regulatorios, presupuestarios y técnicos para materializar estos proyectos.
Señaló que México produce sólo 37.1 por ciento del gas natural que consume, mientras que 96 por ciento de las importaciones provienen de Estados Unidos.
Además, el gas natural representa 45.5 por ciento del suministro total de energía del país, pero la brecha entre producción y consumo interno se ha ampliado de manera sostenida en los últimos años.
Entre 2018 y 2025, la producción de gas natural de Petróleos Mexicanos cayó 16 por ciento, mientras que el consumo aumentó 22.2 por ciento y las importaciones crecieron 43 por ciento.
El CIEP advirtió que la inversión pública destinada a exploración y producción resulta limitada para desarrollar el fracking a gran escala.
Consideró que para que la estrategia sea sostenible se debe fortalecer la regulación y los criterios ambientales, así como garantizar flujos de inversión sostenidos y analizar posibles esquemas de participación privada.
Planta de Topolobampo
La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina de Sinaloa respaldó el proyecto de la planta de fertilizantes de Topolobampo al considerar que representa una inversión estratégica para fortalecer la producción nacional de insumos agrícolas y disminuir la dependencia de fertilizantes importados.
Sin embargo, destacó que más allá de los aspectos financieros, el desarrollo de yacimientos no convencionales enfrenta desafíos relacionados con el respeto a los derechos de las comunidades originarias y la viabilidad ambiental de los proyectos.
El Centro de investigación señaló que cualquier iniciativa deberá considerar procesos de consulta previa, libre e informada con las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia, así como mecanismos que garanticen la participación social y el respeto a los derechos humanos.
Destacó que no atenderse estos elementos, podrían surgir obstáculos que comprometan tanto la viabilidad económica como la operación de los proyectos vinculados al fracking en México
