La Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su preocupación ante las afectaciones que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la Cámara de Diputados.
"La redacción vigente considerada para el artículo 118 prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional; especialmente, en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables", precisó.
A través de un comunicado, agregó que la minería responsable de México aporta minerales estratégicos y es un pilar para la economía, la competitividad y la seguridad nacional y de Norteamérica.
La organización aseguró que la minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia.
Aclaró que los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos.
La cámara explicó que la construcción de esta infraestructura, incluidos los depósitos de residuos mineros y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero, es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable.
"Su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad", sostuvo.
La Camimex refirió que México necesita una regulación sólida, basada en información y evidencia técnica, que garantice la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, permita que sectores esenciales para el país operen bajo las mejores prácticas.
"Esta prohibición absoluta carece de fundamento, afectando a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México", afirmó.
Por lo anterior, solicitó que se establezca con claridad que los residuos mineros se confinan de forma segura y no se vierten en ríos, lagos, ni cuerpos de agua, ni ponen en riesgo la salud de las personas y se considere la compleja geografía del país.
También que se reconozca la necesidad de contar con autorizaciones y supervisión permanente de la infraestructura ubicada en zonas federales, la cual es fundamental para la operación minera y para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección ambiental.
"Reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con el gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio eficaz, sustentable y alineado con los objetivos nacionales", finalizó.
MRA
