El presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), Diego Monraz Villaseñor, planteó que los sobrecostos que gobiernos estatales y municipales imponen al autotransporte de carga podrían quedar expresamente prohibidos en la legislación.
Lo anterior, indicó que podría conseguirse mediante una modificación que pueda ser analizada con el Congreso y representantes del sector.
Durante la Convención Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) 2026, el también secretario de Transporte de Jalisco reconoció que las empresas enfrentan diferentes permisos, horarios y criterios para circular conforme atraviesan entidades y municipios, pese a contar con autorización federal.
“Todavía ustedes se encuentran, al día de hoy, con más de 2 mil 500 diferentes criterios en este país para transitar: 2 mil 478 municipios, más 32 entidades federativas”, indicó Monraz.
Además, reiteró que la cantidad de criterios a sortear en cada estado o municipio sigue siendo elevado.
“Esto parecería una locura porque, aunque hay un solo territorio nacional y usted tiene una autorización federal para circularlo en cualquiera de sus puntos cardinales, al entrar a un estado, a un municipio o una zona conurbada metropolitana, se presenta constantemente con una gran cantidad de criterios a sortear”, explicó.
Por su parte, el presidente de la AMAM también sostuvo que el problema parte, en algunos casos, del desconocimiento que tienen las autoridades locales sobre la operación logística y las necesidades del transporte de mercancías.
“No se puede regular lo que se desconoce. Y las autoridades de movilidad de nuestro país desconocen lo que es el transporte de carga. Desconocemos, en lo general, lo que significa la logística, los riesgos, la seguridad; y lo indispensable, que significa llevar productos y servicios a lo largo y ancho de nuestro país”, afirmó.
Proponen llevar cambios al Congreso
Por otro lado, el presidente de la AMAM propuso instalar una mesa de trabajo con legisladores así como representantes de Canacar para determinar si es necesario modificar la legislación y establecer expresamente límites a estos cobros.
“Coincidimos totalmente que no debe haber sobrecobros y no debe haber doble regulación. Lo que sí creemos es que debe haber cuidado para el tamaño de infraestructura que corresponde al tamaño de unidad de carga”, explicó.
Además, diferenció los cobros adicionales de las restricciones justificadas por seguridad vial o por las características de la infraestructura, debido a que existen vialidades que no tienen capacidad para recibir unidades pesadas.
Sin embargo, afirmó que dichas disposiciones no deben convertirse en mecanismos para aumentar los ingresos de los gobiernos locales.
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Señalan desconocimiento en materia de autotransporte
Aunado a lo anterior, Monraz resaltó que uno de los principales retos para homologar las disposiciones es la rotación de funcionarios locales encargados de movilidad y transporte.
Esto debido a que una autoridad local en esta materia permanece, en promedio, menos de dos años en el cargo, situación que obliga a mantener procesos constantes de capacitación.
“Cada dos años tendríamos que estar entregando un paquete informativo de sensibilización a la nueva autoridad. Nosotros hacemos tres o cuatro reuniones al año; cada vez que nos volvemos a reunir, 30 por ciento de los que asisten a la reunión son nuevos y hay que empezar de cero. Ese es un gran reto”, apuntó.
Finalmente, por ello, propuso establecer, junto con Canacar, un programa permanente de capacitación para autoridades estatales y municipales, con el objetivo de que conozcan la operación del autotransporte de carga antes de establecer nuevas disposiciones para su circulación.
CQ
