El gobierno de Donald Trump reanudará el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos tras la autorización de un Tribunal de Apelaciones. Inicialmente, esta orden estaba reservada para las personas detenidas mientras intentaban cruzar la frontera; aquellos arrestados, eran expulsados del país sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.
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¿Qué se sabe acerca de la nueva moción?
En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender este proceso al resto del país.
Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aplicar el procedimiento, conocido como ‘expulsión acelerada’, a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país sin permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.
La deportación acelerada se aplica generalmente a indocumentados detenidos cerca de la frontera sur, que generalmente son regresados a México en los siguientes días de su detención.
La orden de Trump permite que los agentes de ICE puedan deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.
Justicia de EU defiende orden de Trump
El juez Justin R Walker, nombrado por el Presidente, redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao, también designada por el líder estadunidense.
"La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia 'directriz de política escrita' es ilegal...", escribió Walker en la opinión mayoritaria.
El fallo, que supone una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca, responde a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York que argumentó que la orden de Trump era inconstitucional porque violaba los derechos al debido proceso.
En ese sentido, Walker opinó que la directriz del presidente Trump no priva a los extranjeros "de una oportunidad significativa de ser escuchados".
El juez Robert L Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), escribió en su voto disidente que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no habían refutado que, al aplicar dicha política, habían deportado a varias personas que llevaban más de dos años en el país.
MD
