Internacional

De la clase media a la calle: el drama de las familias mexicanas que pierden su hogar tras una sola redada de ICE

Al quedarse su hogar sin una fuente de ingresos y sin la capacidad de pagar el alquiler de una vivienda, las personas se han visto obligadas a sobrevivir en las calles de Estados Unidos.

M+.- Miles de familias de inmigrantes irregulares se quedaron sin hogar en Estados Unidos al no poder pagar renta, hipoteca o gastos cotidianos tras la deportación de alguno de sus miembros, de acuerdo con estadísticas oficiales, organizaciones sin fines de lucro y testimonios recopilados por MILENIO.

El último informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) documentó que desde principios de 2025 los latinos representaban casi una de cada tres personas sin hogar, es decir, 223 mil del total de 745 mil personas, a pesar de que son solo una quinta parte del total de la población del país.

Esta desproporción se debe principalmente a las redadas del ICE, de acuerdo con observaciones de la organización Housekeys Action Network.

“Estamos viendo a más inmigrantes en la calle y los albergues tienen listas de espera muy grandes; tan solo en Denver hay hasta 400 familias en la calle porque ya no hay espacio para ellas”, destaca V. Reeves, representante de la organización en el capítulo Colorado, en entrevista con MILENIO frente al Centro de Detención Migratoria de Aurora, uno de los de mayor capacidad en Estados Unidos.

Tal situación ha unido a afectados del ICE y homeless locales más allá de razas, géneros y preferencias sexuales, por lo que se ve peleando por vivienda, codo con codo, a inmigrantes, integrantes de la comunidad LGBTQ+, indigentes y otros estadunidenses blancos progresistas e “indignados” que portan carteles con las leyendas “ICE Out” y “Resiste”.

“Imagínate perder tu vivienda y encontrarte de pronto viviendo en un parque, en un automóvil o en el estacionamiento de una gasolinera y, cuando llamas para pedir ayuda, la respuesta es que debes esperar hasta cuatro meses”, dice Reeves.

No se trata de gente con enfermedades mentales o que abuse de sustancias —HUD reconoce que solo uno de cada cuatro adultos sin hogar está relacionado con estas condiciones—, sino de personas acorraladas por el sistema, como los manifestantes en el Centro de Deportación de Aurora, en la zona conurbada.

Arrecian gritos de “¡Chinga la migra!”, “¡Chinga la migra!” cuando Raquel Barrios aparece en una camioneta frenando en seco, melena recogida en un chongo despeinado, sudor en la barbilla.

“ICE se llevó a mi esposo cuando fuimos a la tienda a comprar material para la construcción, ¿qué hago?”, pregunta desde la ventanilla con los ojos desorbitados tras las gafas de sol, la voz quebrada por el pánico.

Datos oficiales muestran que el ICE realizó 4 mil 160 deportaciones en Colorado durante 2025, un incremento de 281 por ciento con relación al año previo; en el resto del país, fue peor: 160 mil 192 en 2025 y entre enero y abril de 2026, 57 mil 784 mexicanos, revela la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación en México.

“No podré pagar las cuentas. Son muchos gastos: la casa, los carros, los teléfonos, los seguros y cuatro hijos de 16, 14, 12 y cuatro años”, concluye Raquel frente a las personas que la escuchan y a quienes muestra el video del momento exacto en que su esposo zacatecano es esposado casi por azar.

En Colorado, los agentes migratorios tienen pocos elementos para distinguir entre un migrante y un nativo de origen hispano descendiente de fundadores de Denver y otras ciudades del sur que fueron mexicanos.

Aun al volante de su camioneta blanca, Raquel busca dónde estacionarse. Lo más probable es que ahí esté su marido: ahí llevan a la mayoría de los detenidos en la zona. Cuando encuentra un lugar, se une a la manifestación.

Ahí se encuentra con los activistas de Housekeys Action Network, Familias Unidas en Necesidad y Dignidad, Trans Empowerment Alliance y la Coalición por los Derechos del Migrante en Colorado, donde participa una de las activistas migrantes más conocidas del estado: la chilanga Jeanette Vizguerra.

Jeanette le da algunos consejos para localizar a su marido por teléfono, algo que logra poco después. Al fondo, una señora cuenta que “la echaron como un perro” del departamento tras la repatriación de su marido y sufrió acoso sexual mientras se refugiaba temporalmente en la casa de unos conocidos.

Raquel se mueve de un lado a otro. Mira de reojo a una niña de unos ocho años que sostiene un cartel con la leyenda: “Free my dad”. Es la hija de Cecilia Ocañera, una nayarita cuyo esposo fue bajado de su automóvil por agentes migratorios el 6 de mayo, dejando a la familia sola frente a las cuentas.

Las historias siguen. Asustada, pide tomar la palabra. En chancletas se acerca al megáfono y se desahoga: “Mi esposo y yo teníamos tres obras pendientes en la construcción que nos comprometimos a entregar este fin de semana. Ahora no sé cómo voy a terminarlos”.

No encuentra respuestas.

Los familiares de inmigrantes indocumentados han caído en situación de indigencia
Los migrantes ahora viven en estacionamientos, parques o sus automóviles. | Foto: Gardenia Mendoza Aguilar

Reubicación de las personas, la respuesta de la autoridad

Bajo el alcalde Mike Johnston, Denver se convirtió en un símbolo de resistencia a las políticas migratorias federales. Entre las más radicales se encuentra la ordenanza a la policía local para filmar los operativos migratorios cuando estén presentes, además de prohibir a sus funcionarios indagar sobre el estatus migratorio.

Sin embargo, las organizaciones consideran que esto es insuficiente y presionan para que haya rendición de cuentas, como ocurre al día siguiente de la protesta en Aurora.

Activistas, estadunidenses y migrantes sin hogar se reúnen con Cole Chandler, director ejecutivo del Departamento de Vivienda y Estabilidad de Denver, en un salón de la Biblioteca Central amplio con galletas, frutas y cajitas con sándwiches de roast beef que también se reparten entre indigentes acurrucados en la zona de los libros junto a viejas maletas, como si esperaran a alguien que los llevara a un lugar mejor, pero no.

Durante un tiempo, la respuesta de las autoridades de Denver frente a la indigencia fue comprar boletos de autobús o avión hacia otros lugares. V. Reeves recuerda el caso de una familia migrante con un niño de 11 años que fue enviada a Minnesota a un refugio que no existía.

“Era pleno invierno. Nunca habían visto nieve y el hijo enfermó. Tuvo que ser hospitalizado y, cuando recibió el alta médica, el propio hospital les compró boletos para regresarlos a Denver, nuevamente a la calle”.

Chandler escucha reclamos de todo tipo con expresión seria en su rostro rubicundo, pantalón planchado y zapatos boleados.


Un activista asegura que mucha gente está muriendo en las calles por sobredosis o enfermedades sin atender. Una mujer demacrada relata que la policía la expulsó a punta de pistola de un parque donde había estacionado su casa móvil. Un artista plástico cuenta que perdió su vivienda en un incendio y no ha podido encontrar refugio.

La venezolana María González explica que ha vivido por temporadas en su automóvil desde que deportaron al padre de sus dos hijos porque no podía cubrir la renta con el salario de un empleo de medio tiempo.

“Gracias a Dios ahora me dieron un lugar en el albergue porque la policía ya me había amenazado con llevarse a mis hijos si seguía en la calle”.

Entre los testimonios hay reproches por el poco tiempo otorgado para hablar, manotazos por la falta de soluciones inmediatas y refunfuños hasta el final de la reunión.

Antes de retirarse, el funcionario dice a este diario que mantendrá reuniones mensuales porque son un buen recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes viven en las calles y las dificultades que tienen para acceder a vivienda y refugio.

“Sabemos que siempre hay espacio para seguir mejorando, incluso mientras trabajamos para fortalecer el sistema”.

—¿Qué puede hacer la ciudad por la comunidad inmigrante en situación de calle?—

"Nuestros programas no discriminan por estatus migratorio. Ni siquiera hacemos preguntas sobre eso. Ya sea en nuestros programas para personas sin hogar o en nuestros programas de vivienda, cualquier programa financiado y administrado por la ciudad no discrimina por estatus migratorio".

—¿Cuántos inmigrantes viven en las calles de Denver?—

"Sin duda, hay inmigrantes entre la población sin hogar; sin embargo, como no verificamos ni registramos el estatus migratorio de las personas y, por tanto, no contamos con esa información".
Los familiares de inmigrantes indocumentados han caído en situación de indigencia
Migrantes irregulares y personas sin vivienda locales pelean por un techo. | Foto: Gardenia Mendoza Aguilar


M+

"No somos una carga", dicen migrantes

A 20 kilómetros de la Biblioteca Central, Steel Howard aparca su vehículo en el estacionamiento de uno de los pocos hoteles que permiten a los inmigrantes pagar la renta por semana y sin contrato. Es un complejo en forma de 'L' con pequeños espacios que concentran en una pieza recámara, sala, cocina, comedor.

Como “mecánico del pueblo”, su voluntariado consiste en ayudar a reparar automóviles de inmigrantes que no pueden pagar un servicio en un taller formal. Los sistemas electrónicos han complicado a los choferes arreglar sus propios vehículos.

“He sido mecánico por 10 años y no sabía cómo ayudar. Quiero que esta ciudad y el mundo sean un lugar mejor, así que me acerqué a las organizaciones para preguntar qué podía hacer con mis habilidades”.

La empatía de Steel tiene como trasfondo una experiencia personal. Ha vivido en las calles de Denver y sabe que cualquier falla en un automóvil provoca un efecto dominó: las reparaciones son costosas, las opciones de transporte público son limitadas, no existe una red de Metro como en otras grandes ciudades y muchas rutas de autobús resultan insuficientes.

Además, persisten los prejuicios. Un peatón que deambula por ciertos barrios suele despertar sospechas. Puede ser confundido con un ladrón, un secuestrador, un prostituto, un mendigo o simplemente alguien indeseable.

Bien lo sabe Francisco Rueda, un inmigrante colombiano de 62 años que obtuvo asilo político y que, debido a las barreras del idioma y a su limitado dominio de la tecnología necesaria para buscar empleo en línea —donde hoy se concentra gran parte de las vacantes—, se ha visto obligado a pedir dinero en los semáforos.

“El otro día pasó una mujer y me tomó una foto. Poco después vino la policía para echarme. No sé cómo voy a completar la renta del domingo. Voy a arriesgarme en otro lado”.

Lo dice desde la puerta de su habitación, desde donde observa al “mecánico del pueblo” ayudar a William, un inmigrante venezolano, mientras introduce códigos en el sistema electrónico de una camioneta.

Después de un rato, con ayuda de un escáner, Steel logra desactivar las luces de advertencia del motor. William lo bendice. “Ahora sí puedo trabajar”.

Al día siguiente, frente a la iglesia de West Highland, V. Reeves explica que la idea es demostrar que las personas más vulnerables de Colorado no son una carga para el estado, sino gente que quiere trabajar y que carece de condiciones para salir adelante.

“Si se les ayuda un poco, pueden ser autosuficientes y productivos para la sociedad”.

Por ello, el “mecánico del pueblo” es una pieza clave, igual que la apertura de espacios donde inmigrantes y personas sin hogar puedan vender productos elaborados con sus propias manos o revendidos a partir de ofertas de grandes cadenas comerciales.

Ese día, el “Mercado Santuario”, que opera los fines de semana en un barrio bohemio de clase media-alta, tiene como protagonista a una mujer afroamericana con ocho hijos, de entre un año y 15 años de edad, a quien el Estado estuvo a punto de retirar la custodia de los menores debido a la falta de una vivienda estable.

Sin quien cuide a los niños, se instala con todos ellos alrededor de un puesto de bisutería. Bajo el sol, los pequeños dibujan aviones con crayolas mientras la madre amamanta a la más pequeña y V. Reeves dirige un mensaje a los paseantes sobre la importancia de apoyar comprando.

Los transeúntes sonríen. Algunos se detienen a observar la mercancía, pero pocos compran o hacen donaciones en efectivo o por transferencia.

Carlos Rojas, un inmigrante peruano, abre entonces su billetera y saca un billete de 100 dólares. Extiende la mano.

“Sé que es muy difícil comenzar de cero”.

Luego vuelve a su camino. A lo suyo. Se le ve satisfecho.

Antes del atardecer, la vendimia termina. Se guardan los productos, las mesas y las sillas. Todos agradecen a Dios por el permiso que les otorgó la iglesia y por las personas que les tendieron la mano.

A veces no se puede salir del hoyo de otra forma.

Mañana será otro día.

Los familiares de inmigrantes indocumentados han caído en situación de indigencia
De acuerdo con activistas, gente ha muerto por enfermedades no atendidas. | Foto: Gardenia Mendoza Aguilar


ksh

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Gardenia Mendoza Aguilar
  • Gardenia Mendoza Aguilar
  • Periodista especializada en temas migratorios y en la relación de México con Estados Unidos. Ha sido corresponsal para medios internacionales en radio, prensa escrita y TV. Hoy forma parte de coberturas especiales de 'Milenio'.
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