M+.- “¡No se confíen!”, advierten bufetes especializados en migración en Estados Unidos a aquellos que esperan que la histórica derrota sufrida por los republicanos se traduzca en una relajación, o al menos en un respiro, en la campaña de persecución contra migrantes.
Esta ofensiva, indica Modern Law Group, “corre con el mismo reloj con el que corría antes” de las elecciones.
El despacho legal asegura que dos días después de las elecciones de medio término, sus teléfonos han estado saturados con la misma pregunta en cinco idiomas: “Ahora que ganaron los demócratas, ¿cesará ICE sus actividades?”.
Aunque el presidente Donald Trump en una entrevista grabada el viernes y difundida este domingo en el programa ‘60 Minutes’ de la cadena CBS calificó de “demasiado dura” su propia política migratoria, el mismo día de asueto, su gobierno anunció el ascenso del diseñador de su estrategia de mano superdura contra los extranjeros.
Stephen Miller, un supremacista blanco, encabezó la política de encerrar a los migrantes en jaulas, separar a los niños de sus padres y establecer centros de internamiento.
Ahora, de asesor de seguridad nacional, pasó a una posición con grandes poderes: jefe de gabinete de la Casa Blanca.
Para confirmar que el mensaje de los electores inconformes no fue escuchado, el 4 de noviembre, al día siguiente de los comicios, el secretario de Seguridad de la Patria, Markwayne Mullin, publicó un tuit que despejó toda duda: “Las deportaciones continuarán”.
Deportations will continue.
— Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 4, 2026
Con Trump, 4.2 millones de migrantes salen de EU
El día de las elecciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró que, gracias al Departamento de Seguridad de la Patria (de siglas en inglés DHS), Estados Unidos tiene “la frontera más segura de la historia y está expulsando a inmigrantes ilegales criminales a un ritmo récord”.
De acuerdo con los datos estadísticos del ICE, desde enero de 2025 han arrestado a un millón 250 mil personas y deportaron a un millón 200 mil.
Además, sin dar detalles de motivaciones o mecanismos, afirmó que “bajo el liderazgo del presidente Trump, más de 3 millones de migrantes han abandonado Estados Unidos”.
En suma, más de 4.2 millones de migrantes irregulares han dejado la Unión Americana durante la administración de Donald Trump.
El reporte no mencionó las muertes de personas bajo custodia del ICE: 60, según el centro de estudios Migration Policy Institute, de las que 37 se produjeron sólo en 2026, duplicando la tasa de fatalidades.
El gobierno actual elevó la capacidad de detención de 40 mil a 100 mil internos y, aunque “el sistema no fue diseñado para castigar, a diferencia del sistema de justicia penal, sino para garantizar que las personas comparezcan en las audiencias judiciales y cumplan con las órdenes de expulsión”, como señala este think tank, “las evidencias de los costes humanos también son cada vez mayores”.
Los demócratas prometen monitorear abusos
Voces en el Partido Demócrata han anunciado que, al tomar el control de ambas cámaras del Congreso federal, lanzarán medidas de supervisión intensiva de las actividades del Departamento que dirige Mullin, del cual depende el ICE.
Además, citarán a funcionarios a declarar, abrirán audiencias públicas y examinarán las muertes ocurridas durante la detención, los excesos en el uso de la fuerza, los contratos con empresas para operar centros de detención y otras áreas, así como los arrestos de personas sin antecedentes criminales.
Eso será viable dado que los republicanos perdieron fuerza en numerosos ámbitos a nivel local, de manera muy destacada en la gubernatura de Texas.
Sin embargo, aclara Modern Law Group, “nada de eso detendrá al ICE en los próximos 60 días”, mientras las nuevas autoridades toman sus cargos.
El bufete de abogados considera que la prometida supervisión a los abusos del Servicio de Inmigración no comenzará hasta el 3 de enero.
En todo caso, acota la firma legal, “el presupuesto para la aplicación de la ley se asignó hasta septiembre de 2029, desde antes de las elecciones; el presidente prometió vetar lo que le envíe el nuevo Congreso; y las prioridades de arresto del ICE las establece el Poder Ejecutivo, no el Congreso”.
Aunque es probable que la policía de Texas reduzca sus operaciones antimigrantes cuando se convierta en gobernadora Gina Hinojosa –una demócrata de origen mexicano que ha dicho que el ICE actúa “con anarquía letal”–, las cárceles de los condados operan bajo acuerdos que este organismo de migración irruegular firmó directamente con los alguaciles en 2026.
La amplitud del acecho a migrantes y la violencia aplicada ha impactado en la opinión pública.
La encuesta de salida de la agencia AP, realizada a electores que acababan de depositar sus votos, indica que un 57 por ciento cree que la política migratoria “ha ido demasiado lejos” y un 60 por ciento rechaza el comportamiento del ICE.
Sin embargo, este no fue el tema que decidió el voto de la mayoría: sólo el 14 por ciento señaló la inmigración como el problema más importante del país. La economía lo es para el 39 por ciento, seguida por la situación de la democracia, con 33 por ciento.
Un diagnóstico de Amnistía Internacional señala que “las personas detenidas se encontraban en condiciones de hacinamiento e insalubridad, los servicios de atención médica eran inexistentes y el acceso a representantes legales estaba severamente restringido”.
En su entrevista con CBS, Trump dijo que su política migratoria lo había “lastimado” políticamente y habló vagamente de que podría llegar a un acuerdo con los demócratas para permitir la permanencia de migrantes que tengan diez o 15 años en el país, trabajen y paguen impuestos.
Las organizaciones de defensa de derechos ven el verdadero sentido de sus nuevos planes en el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete, Stephen Miller.
“A pesar del enérgico rechazo del pueblo estadunidense a la agenda de deportaciones masivas, orquestada por Miller, el presidente Trump ha optado por redoblar la crueldad y la violencia”, declaró Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso.
“Que no quepa duda: el ascenso de Stephen Miller, un supremacista blanco al frente del gabinete de Trump representa una amenaza para los derechos humanos y las libertades civiles de todos los estadounidenses, no sólo de los inmigrantes", agregó García.
"Este ascenso revela la verdadera naturaleza de la administración, demuestra su compromiso de continuar con las acciones violentas y agresivas de agencias como ICE, que han provocado pérdidas inimaginables, crueles separaciones familiares, la expansión de una infraestructura de detención abusiva y un total desprecio por nuestra Constitución”, finalizó.
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KL
