Un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, ha condenado a Meta a pagar 375 millones de dólares por daños y perjuicios tras determinar que han violado la ley de protección al consumidor.
Así, los miembros del jurado han dictaminado este martes que Meta Platforms violó la ley estatal en una demanda presentada por el fiscal general del estado, quien acusó a la compañía de engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp y de permitir la explotación sexual infantil en esas plataformas.
"Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos", ha declarado un vocero de Meta en un comunicado.
"Nos esforzamos por mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino".
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La salud mental de los jóvenes, el reto de Meta
La decisión del jurado ha puesto fin a un juicio de seis semanas y ha supuesto el primer veredicto de un jurado sobre estas demandas contra la empresa de redes sociales, que se enfrenta a un reto más amplio sobre cómo sus plataformas afectan a la salud mental de los jóvenes.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, del Partido Demócrata, acusó a la empresa de permitir a los depredadores un acceso sin restricciones a los usuarios menores de edad y de ponerlos en contacto con las víctimas, lo que a menudo conduce a abusos en el mundo real y a la trata de personas.
La empresa de Mark Zuckerberg negó las acusaciones, afirmando que cuenta con amplias medidas de seguridad para proteger a los usuarios más jóvenes.
En los últimos años, Meta ha sido objeto de un creciente escrutinio por su gestión de la seguridad infantil y adolescente, impulsado en parte por el testimonio de un denunciante ante el Congreso en 2021, quien alegó que la empresa sabía que sus productos podían ser dañinos pero se negó a tomar medidas.
Por otra parte, Meta se enfrenta a miles de demandas que la acusan, junto con otras empresas de redes sociales, de diseñar intencionadamente sus productos para que resulten adictivos para los jóvenes, lo que ha provocado una crisis de salud mental a nivel nacional.
Algunas de estas demandas, presentadas tanto en tribunales estatales como federales, reclaman indemnizaciones por valor de decenas de miles de millones de dólares, según los documentos presentados por Meta ante los reguladores financieros.
Meta argumenta que la empresa está exenta de responsabilidad tanto en las demandas por adicción como en las de Nuevo México gracias a las protección a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que generalmente prohíbe las demandas contra sitios web por contenido generado por los usuarios.
La empresa afirma que las alegaciones de daños del estado no pueden separarse del contenido de las plataformas, ya que sus algoritmos y características de diseño sirven para publicar dicho contenido.
Torrez y su oficina se hicieron pasar por menores
La demanda presentada en Nuevo México surgió de una operación encubierta que Torrez, ex fiscal, y su oficina llevaron a cabo en 2023. Como parte del caso, los investigadores crearon cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por usuarios menores de 14 años.
Dichas cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban contenido similar, lo que derivó en cargos penales contra varias personas, según la oficina de Torrez.
Nuevo México afirma que Meta aseguró al público que Instagram, Facebook y WhatsApp eran seguros para los adolescentes y niños de Nuevo México, mientras ocultaba la verdad sobre la gran cantidad de contenido peligroso y dañino que alojaba.
Según el Estado, documentos internos de la empresa reconocían problemas de explotación sexual y daños a la salud mental. Sin embargo, afirma que la empresa no implementó medidas de seguridad básicas, como la verificación de edad, e insistió en que era segura.
Además, también acusó a Meta de diseñar sus plataformas para maximizar la interacción, a pesar de las pruebas de que perjudicaban la salud mental de los niños.
La demanda alega que funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos mantienen a los niños en el sitio, fomentando comportamientos adictivos que pueden derivar en depresión, ansiedad y autolesiones.
La demanda presentada por Nuevo México solicitaba una indemnización económica, así como una orden judicial que obligara a Meta a realizar cambios para mejorar la seguridad de los niños al usar las plataformas.
"A lo largo de una década, Meta ha fallado repetidamente en actuar con honestidad y transparencia", declaró Linda Singer, abogada del estado, ante el jurado durante los alegatos finales este lunes.
"No ha actuado para proteger a los jóvenes de este estado. Les corresponde a ustedes terminar este trabajo".
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