La caída de Nicolás Maduro a manos de autoridades estadounidenses dividió opiniones alrededor del mundo. Si bien hubo quienes condenaron los hechos al considerarlo como una intervención ilegítima, para algunas personas también trascendió como un sinónimo de liberación del pueblo venezolano del régimen chavista.
El ahora presidente depuesto de Venezuela fue trasladado a Nueva York donde al medio día del pasado 5 de enero compareció por primera vez ante una corte federal de Manhattan por los cargos que pesan en su contra. Si bien tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se perfilan a enfrentar un proceso judicial cuyas consecuencias podrían mover el tablero político de la región, en Venezuela la incertidumbre no se ha hecho esperar.
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Mientras el líder chavista se declaraba como no culpable y se asumía como un prisionero de guerra en Estados Unidos, en su país de origen, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela.
La toma de posesión de Delcy Rodríguez no sólo desafió la presencia estadounidense en territorio venezolano sino que volvió a poner en la mira a un grupo de altos funcionarios públicos que, además de pertenecer al círculo cercano de Nicolás Maduro, continúan encarnando aquella ideología política que llegó con Hugo Chávez.
La demanda de Delcy Rodríguez en Florida
La llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela no es casualidad, sino el resultado de la amplia militancia que ha tenido en el régimen chavista. De acuerdo con información de agencias como AFP y EFE, la abogada laboral de 56 años ha acumulado enorme poder durante más de una década en la vida pública y ha ocupado diversos cargos públicos entre los que destaca no solo su vicepresidencia en el país sino también su titularidad en los ministerios de Finanzas, Hidrocarburos, Comunicación y en la misma Asamblea Nacional Constituyente.
Haber formado parte también del círculo más cercano de Nicolás Maduro llevaron a Delcy Rodríguez a ser designada ante la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro en 2018, no obstante, también cuenta con un proceso judicial abierto en territorio estadounidense.
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A diferencia de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez no es acusada por la fiscalía estadounidense sino por al menos diez personas que presentaron una demanda civil en su contra ante una corte del Distrito Sur de Florida. Tal y como reportó Baruc Mayen para MILENIO, el documento judicial acusa tanto a la ex ministra de hidrocarburos como al mismo presidente depuesto de Venezuela, el Cártel de los Soles y dos empresas petroleras de haber cometido "actos flagrantes de terrorismo en contra de ciudadanos estadounidenses".
La demanda apunta a Delcy Rodríguez como una de las encargadas de brindar apoyo material a Maduro en un caso en el que los demandantes describen que hubo ilícitos como privaciones de la libertad y torturas.
El hijo de Nicolás Maduro y Ramón Rodríguez Chacín
Aún en libertad pero en la mira de autoridades estadounidenses se encuentran Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Ramón Rodríguez Chacín. Tanto el hijo del presidente depuesto de Venezuela como el ex funcionario público fueron incluidos en la misma acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
En dicho documento judicial a ambos se les señala de haberse beneficiado de la misma corrupción que presuntamente Nicolás Maduro avaló para permitir el tránsito de cargamentos de cocaína por territorio venezolano.
Sobre Ramón Rodríguez Chacín, ex Ministro de Interior, Justicia y Paz, la acusación refiere que junto a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Rondón "se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua".
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"Funcionarios venezolanos y sus familiares —incluidos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias Nicolasito, alias El Príncipe, los acusados— se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, quienes enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México", abunda la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York consultada por MILENIO.
Sobre Ramón Rodríguez Chacín uno de los episodios que narra el documento judicial refiere que alrededor de 2008 el ex funcionario público tenía una extensa finca en Barinas que albergaba un campamento de las FARC en donde había al menos 200 miembros armados. Asimismo, la fiscalía estadounidense lo señaló de presuntamente haber recibido miles de dólares en sobornos para usar su influencia corrupta y proteger a un importante narcotraficante de su detención y extradición.
En ese mismo sentido se ubica Nicolás Ernesto Maduro Guerra quien, de acuerdo con la acusación que pesa en su contra en el Distrito Sur de Nueva York, visitaba la Isla Margarita aproximadamente dos veces al mes entre 2014 y 2015.
"Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. ("PDVSA"). Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra, operado por PDVSA, era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas. Maduro Guerra estuvo presente durante el embarque del avión de PDVSA y, en una ocasión, declaró que el avión podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos", abunda el documento judicial consultado por MILENIO sobre el hijo de Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello Rondón
Otro de los alfiles del chavismo de mayor influencia es Diosdado Cabello Rondón. Su afinidad a dicho movimiento político y su cercanía con Nicolás Maduro lo llevaron a desempeñarse como Ministro de Interior, Justicia y Paz en Venezuela, pero también a ser el encargado de la supervisión de las fuerzas policiales y las cárceles del país.
El nombre del alto funcionario venezolano también protagoniza la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York que llevó a Nicolás Maduro hasta una corte federal de Manhattan, no obstante y pese a que el programa de recompensas del Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares de recompensa por su captura, Diosdado Cabello Rondón permanece en libertad.
El político venezolano llegó a la titularidad del Ministerio de Interior, Justicia y Paz luego de la victoria de Nicolás Maduro en julio de 2024, empero y tras los señalamientos e inconsistencias durante la jornada electoral, el gobierno estadounidense determinó no reconocer el cargo de ninguno de los dos líderes chavistas.
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Entre los cargos públicos que Cabello Rondón ha desempeñado destacan también el de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, presidente y vicepresidente del país sudamericano, además de ser un miembro activo de sus fuerzas armadas con el rango de capitán.
"Cabello Rondón se coordinó con las FARC para promover la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de, y hacer que otros participen en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautada se vendan a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de narcotráfico y los casos penales pendientes en Venezuela y otros lugares; y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos", precisa un perfil del alto mando militar difundido por Departamento de Estado.
Vladimir Padrino López
En junio de 2014 la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) inició una investigación en contra de un alto mando militar venezolano: Vladimir Padrino López.
Entonces, los agentes antinarcóticos estadounidenses aseguraron contar con indicios sobre que Padrino López estaba utilizando su posición como Ministro de Defensa para facilitar el traslado de cargamentos de cocaína por aire de Venezuela a Centroamérica a cambio de un pago tarifario.
"Esta tarifa de protección rutinariamente superaba los $60,000. Si el dinero de protección no se pagaba por adelantado, Padrino López haría que el ejército venezolano destruyera la aeronave no aprobada. Padrino López utilizó a miembros subordinados del ejército venezolano para cobrar estas tarifas de protección. Además, Padrino López financió campañas políticas en Venezuela con este dinero de protección", señala sobre las operaciones del líder castrense un perfil difundido por el Departamento del Tesoro.
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Las investigaciones de la DEA motivaron una acusación en contra de Vladimir Padrino López presentada en mayo de 2019 ante el Distrito de Columbia por el cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.
Al igual que ocurrió con otros colaboradores de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense afirmó no reconocer el cargo de Vladimir Padrino López como titular del Ministerio de Defensa de Venezuela.
Los sancionados por la OFAC
Aunque algunos de los alfiles de mayor influencia del régimen chavista han sido acusados formalmente en cortes estadounidenses por su presunto involucramiento en entramados de narcotráfico, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha sancionado a más de un centenar de funcionarios públicos aliados a Nicolás Maduro.
El argumento de dichas sanciones, expresaron, fue por tomar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos. De este modo, entre los incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro se ubican funcionarios venezolanos clave, entre los que destacan nombres como el del fiscal Tarek William Saab o la misma Delcy Rodríguez, pero también altos mandos militares y de inteligencia, funcionarios del consejo nacional electoral e, incluso, funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia.
Trasciende que la mayoría de las sanciones del Departamento del Tesoro se suscitaron durante el mandato de Nicolás Maduro, no obstante y tras la caída del líder chavista será cuestión de tiempo saber si el movimiento político trascenderá a través de algunos de sus colaboradores más cercanos, aún y con las autoridades estadounidenses vigilando de cerca sus movimientos.
ATJ
