Ese mensaje iba acompañado de una fotografía: la Policía Nacional Civil (PNC) había aprehendido a 50 miembros de la pandilla MS13 (Mara Salavatrucha 13), entre ellos a uno de los cabecillas: Julio César Rivero Ríos, El Moreno o Sombra de Pasadena, con categoría de home-boy (jefe). Este sujeto, según los datos oficiales, aparentaba trabajar como taxista intimidando y extorsionando a los comerciantes del barrio Veracruz y ordenando homicidios.
Ni Bukele, pero tampoco la policía, explicó cómo dieron con este líder de la pandilla más grande y, sobre todo, poderosa en El Salvador en apenas unas cuantas horas.
Lo mismo sucedió en otros casos: alrededor de las 13:00 horas del pasado miércoles 29 de marzo, la PNC también detuvo a otro de los peligrosos cabecillas de la Mara, Daniel Araujo, El Malote. En el operativo dirigido, quirúrgico, le incautaron 300 bolsas con mariguana. No se sabe desde cuándo tenían información sobre él.
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En El Salvador, Twitter se ha convertido en la agenda de trabajo, el medio para enterarse de los anuncios oficiales y también en la plataforma desde donde Bukele se ha lanzado contra la oposición, algunos medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, incluidas las internacionales que lo critican.
En junio de 2019, cuando apenas tenía unos días como presidente, Bukele puso en marcha su más ambicioso programa contra la inseguridad: el Plan de Control Territorial, cuyo principal objetivo ha sido combatir a la delincuencia organizada, pero de manera especial a las pandillas. Mientras los niveles de violencia, sobre todo los homicidios, se mantuvieron a la baja, el gobierno de Bukele incluso se vanagloriaba en informes oficiales de que su política pública era la adecuada, a diferencia de lo que hicieron otros gobiernos.
Ese programa hizo agua el pasado domingo, cuando la cifra de asesinatos se elevó, en horas, hasta 70 (cifra final de 87 muertos en tres días). Bukele entonces ordenó a la Asamblea Legislativa decretar un estado de excepción. Los legisladores limitaron el derecho de reunión, prorrogaron el tiempo de las detenciones y eliminaron la inviolabilidad de la correspondencia.
El Faro publicó el 23 agosto de 2021 que el gobierno negoció con las pandillas para disminuir los índices de violencia a cambio de una serie de canonjías para los líderes de esas organizaciones. Los funcionarios nunca dieron una respuesta contundente.
Hasta el momento, Bukele y su más cercano círculo de colaboradores no han informado a qué se debió el incremento de asesinatos. La única respuesta ha sido lanzar al ejército a las calles y declarar la guerra a las pandillas.
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