Mucho ha pasado en las tres décadas de vida de Alfredo Salazar en Estados Unidos durante las cuales ha buscado el salario que no encontró en México: pasó de Atlanta a Alabama, luego a Massachusetts y finalmente a Nueva Orleans, tras el huracán Katrina, cuando se necesitaban trabajadores —“si eran latinos, mejor”, escuchó en su momento—, hasta que agentes migratorios lo golpearon.
“Cuando el huracán devastó la ciudad, en agosto de 2005, podías pararte en una gasolinera y llegaban a ofrecerte trabajo de inmediato, pagándote hasta 20 dólares la hora cuando el salario inicial era de 15.
“Todos nos buscaban, como lo hacen actualmente con quien parezca latino pero ahora para deportarlo”, describe Salazar, voluntario y fundador de la organización Unión Migrante, una de las más activas en Luisiana, en entrevista con MILENIO.
Antes del huracán Katrina, la población latina en la zona inició siendo una minoría poco visible de 17 mil personas —principalmente hondureños que llegaron por la relación con la compañía Banana Fruit—, equivalente a entre el 3 o 4 por ciento de la población.
Pero al volverse clave en la reconstrucción, la comunidad de mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos se supo hasta sumar entre 80 a 120 mil habitantes (8–10 por ciento), según un estimado del estudio Trabajadores latinos y derechos humanos tras el huracán Katrina basado en el censo estadunidense.
Migrantes levantaron a la ciudad de los escombros
Defensores de los derechos del migrante coinciden en que no es la población nativa quien los rechaza, sino un grupo de políticos racistas que buscan crecer políticamente amagando contra los indocumentados, dando bola al presidente Donald Trump.
Con leyes identificadas como HB—415, 307, 388, 608 y 199— van duro y a la cabeza: obligan a las policías locales a cooperar con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a compartir información sobre estatus migratorios e intercambiar datos que, denuncian, derivan en prácticas discriminatorias.
En ese contexto, Nueva Orleans —reconstruida ladrillo por ladrillo con manos migrantes— dejó de ser santuario para convertirse en un lugar de persecución racial que obliga a los latinos a encerrarse en sus domicilios, a veces sin comer, e incluso a depender de choferes voluntarios que los lleven al trabajo o les hagan las compras.
“El gobernador de Luisiana (Jeff Landry), que es republicano, permitió estas acciones. Dijo que busca eliminar criminales, pero en realidad es una forma de usarnos y tirarnos”, señala Alfredo.
Sentados en círculo al interior de la iglesia comunitaria Unitarian Universalist, una veintena de activistas de Unión Migrante solidarios con la causa hablan de acciones que mantendrán vigentes para defender a sus vecinos, amigos y gente vulnerable, como algunos de los presentes.
Ahí está Ana Calles, salvadoreña madre de dos niños, cuyo esposo fue detenido por agentes encubiertos de ICE cuando se dirigía al trabajo junto a su cuñado Anastasio, quien evitó la repatriación por el apoyo de abogados a los que contactó la organización.
“Traje café”, ofrece ella al grupo que considera casi su familia.
También se encuentra Eduardo Romero, mexicano que enfrentó al covid-19 en casa por miedo a ir a un hospital, y a quien desde ahí delataron para su deportación, aunque fue parte de las cuadrillas de trabajadores que ayudó a levantar más de 250 mil viviendas y remover 63 millones de metros cúbicos de escombros que dejó Katrina en su momento.
“Antes no había organizaciones que apoyaran a la comunidad como ahora. Durante el covid-19, muchos ni siquiera entendían la información porque estaba en inglés”, recuerda.
“A partir de esa experiencia surgió la necesidad de organizarse y aquí estamos”.
Este año las deportaciones masivas comenzaron en diciembre con el operativo Catahoula Crunch que el gobierno envió a Nueva Orleans y los condados aledaños con mayor presencia latina. Participaron al menos 250 agentes federales, incluyendo la Patrulla Fronteriza y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que se coordinaron con agentes locales.
Aunque Gregory Bovino, quien encabezó los operativos, prometió llevarse a cinco mil migrantes irregulares, finalmente arrestó a alrededor de 350 hasta el mes de febrero. De modo que el impacto mayor no fueron las repatriaciones, sino el miedo que persiste hasta la fecha porque ICE sigue presente, al acecho.
En entrevista con MILENIO, Noemí Martínez, cónsul de México en Nueva Orleans, reconoció las limitaciones legales y económicas que tiene como representante frente a los connacionales y por qué la apuesta de defensa se centra en la prevención.
Desde la sede diplomática en Nueva Orleans y los consulados móviles que van a lugares más remotos, dan recomendaciones de no conducir sin seguro, portar identificación, no resistirse en caso de detención y prever quién se hará cargo de sus hijos si son detenidos con cartas poder y ayudan a conectar a las familias con abogados.
“Hacemos lo que podemos”, comenta.
Luisiana tiene la mayor concentración de indocumentados en centros migratorios después de Texas. Ahí se concentran detenidos de toda la Unión Americana, no solo locales. Se calcula que hay actualmente entre siete mil y ocho mil migrantes irregulares en proceso de repatriación.
La contraofensiva
En su temprana juventud en Seattle, Rachel Taber, una estadunidense blanca de cabellera dorada y ojos azules, comenzó a enseñar inglés de forma altruista. En esas clases escuchó historias de personas migrantes que buscaban aprender el idioma y despertó así su interés por entender las desigualdades que los empujaban a dejar sus países.
Viajó a Guatemala, México y Costa Rica, donde perfeccionó el español que hoy habla con tanta naturalidad y rapidez como su idioma natal y reconoció de cerca las condiciones que alimentan la migración hacia Estados Unidos.
“Comprendí que muchas de las dificultades que enfrentan los inmigrantes están ligadas a sistemas que buscan explotarlos. Por eso decidí involucrarme y trabajar para generar cambios reales”.
Como una de las líderes de Unión Migrante, en los últimos meses ha ayudado a capacitar a más de 3 mil personas para hacer frente a los agentes migratorios.
La organización da talleres en iglesias, bares, pistas de patinaje y otros espacios. Enseñan a la gente sus derechos, cómo identificar a agentes de ICE, cómo actuar y no paralizarse ante el miedo.
También hace simulacros, a manera de representaciones teatrales, sobre cómo proceder en situaciones reales. Construyen redes de comunicación por barrios, capacitan para reportar información con precisión, ubicación, hora, características, y organizan brigadas que documentan y exponen públicamente las acciones de las autoridades.
Con frecuencia, Rachel y Alfredo —que son pareja sentimental desde hace años— registran detenciones, alertan a la prensa y visualizan los operativos.
“Una vez fui a grabar una detención de una familia guatemalteca que iba a comprar leche para su bebé. Rompieron el vidrio del vehículo y arrestaron a uno de ellos. Fue muy duro”, relata.
Por situaciones con este perfil, Rachel se ha enfrentado directamente con los agentes. En una ocasión mientras grababa, un agente la reconoció por su nombre aunque ella no se lo había dado y le ordenó que se callara.
“Intentaron intimidarme, pero continué documentando porque es mi derecho”.
Días después, agentes encubiertos acudieron a su domicilio tras la difusión de un video que se hizo viral. Intentaron interrogarla, pero ella no respondió y siguió con su labor.
“Entendí que lo que hacemos no es solo por los inmigrantes, sino por la democracia en general. La historia muestra que cuando se ataca a los más vulnerables y no se responde, la situación empeora y después van contra todos”.
Taber cita la presión que también alcanzó a su pareja Alfredo Salazar, quien ya es ciudadano estadunidense. Fue cuando él respondió a una alerta por un retén en la carretera de patrullas cerrando el paso y agentes deteniendo vehículos.
“Fui a ver qué estaba pasando”, dice. Apenas llegó y empezó a grabar, un oficial lo encaró.
—¿Qué estás haciendo?—, le preguntaron.
“Estoy documentando”.
—¿Dónde naciste?—
“No voy a responder”.
Le ordenaron bajar del vehículo. Lo sacaron por la fuerza, le arrebataron el teléfono y lo tiraron al suelo.
“Sentí una rodilla en la nuca y otra en la espalda”, recuerda.
El aire se volvió escaso, las esposas cerraron. Su teléfono quedó silenciado, pero una cámara en el coche que no vieron siguió capturando el sonido del forcejeo, las órdenes, la tensión.
Lo subieron a una patrulla. “Seguían preguntando de dónde era. No respondí”.
Un agente le tomó una foto a su rostro. Luego, silencio. 15 minutos esposado, esperando mientras decidían quién era. Hasta que regresaron con un tono más amable.
“Me dijeron: ‘ya sabemos quién eres… eres ciudadano, te puedes ir’”.
De pie, con la rodilla ensangrentada, Salazar preguntó por qué la violencia. “Porque no quisiste contestar”, le dijeron.
Él respondió: “Es mi derecho”. Y los demandó. El proceso sigue en curso.
Al fondo
Frente a la imagen de la virgen de Guadalupe, José Espinoza serpentea entre las mesas con papeles en la mano. La temporada de impuestos está por terminar y busca asesoría en una jornada de capacitación de la organización El Centro que desde el 2020 ayuda a inmigrantes —principalmente indocumentados— a cumplir con el fisco federal.
A sus 63 años, José sale poco de casa. Solo lo indispensable: como ese día en una iglesia del Westgate, donde vestía una camiseta blanca muy limpia, mezclilla y gorra; o cuando va a trabajar con el Jesús en la boca.
Llegó a Nueva Orleans en la época de la devastación de Katrina. El 6 de septiembre de 2005, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que los empleadores no tendrían que verificar documentos laborales, lo que en la práctica permitió contratar a migrantes irregulares sin restricciones.
José desmanteló casas hasta dejarlas en el esqueleto, desinfectó la madera con cloro, ventiló, secó, pintó y remató detalles hasta hacerlas habitables.
Muchas veces no le pagaron ni le proporcionaban equipo de seguridad, como documentó el Southern Poverty Law Center, que incluso demandó a contratistas por explotar a trabajadores migrantes encargados de limpiar moho tóxico de hospitales y escuelas.
Según el estudio Trabajadores latinos y derechos humanos tras el huracán Katrina, realizado por la Revista de derecho laboral y de empleo de Berkeley, los trabajadores alegaron que sus empleadores les pagaban tan poco que no podían comprar ni comida.
José resistió. Se quedó por el clima, la gente, la música y que siempre hubo empleo.
“Vieron que trabajaba bien y me siguieron contratando en la construcción”, dice.
“Hasta ahora que llegó ICE. Y aún así debo pagar impuestos”.
Para trabajar necesita un número con el cual declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) aunque hacerlo implica exponerse.
Apoyo fiscal y financiero como otra forma de resistencia
Lindsey Navarro, de El Centro, explica que anteriormente el IRS no podía compartir información de contribuyentes sin orden judicial, pero ahora algunas agencias federales pueden solicitar datos específicos.
“No pueden pedir listas generales de personas, pero sí solicitar verificación sobre individuos concretos, como confirmar si una persona existe en los registros y si su dirección coincide con la última declaración”, señala.
La consecuencia es el miedo. Aún así, El Centro calcula que este año apoyara a casi 500 contribuyentes con este perfil. Cuando inició su campaña en 2020, apenas atendían a 30.
“Les explicamos que, si algún día quieren regularizarse, esto puede ayudarles”.
Alfredo Salazar, de Unión Migrate, coincide: la capacitación fiscal y financiera es otra forma de resistencia, más silenciosa pero tan efectiva como las marchas, la documentación de las violaciones al debido proceso de los agentes en las detenciones, las alianzas entre comunidades o las redes comunitarias... como en la convención donde conoció a Rachel.
“Al principio pensé que no se fijaría en mí, pero con el tiempo comenzamos a convivir más, salir juntos y finalmente nos hicimos pareja”, dice él.
“Supe que quería estar con él cuando, tiempo después, llegamos a grabar los dos al mismo tiempo un operativo de ICE”, agrega Rachel.
Ahora está embarazada y espera un bebé. Será un varón mexicoamericano concebido en la lucha frente a las redadas migratorias.
MD
