Los miembros de la mayoría conservadora de la Corte Suprema acribillaron a preguntas al principal abogado de apelaciones del gobierno de Donald Trump durante la argumentación del miércoles 1 de abril sobre los esfuerzos del Presidente por revisar la antigua interpretación de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
A los pocos minutos del inicio de la sesión, a la que asistió el mandatario estadunidense, el presidente de la corte, John G. Roberts Jr., calificó de “muy extravagante” un aspecto clave de la postura del gobierno, lo que quizá no sea una buena señal para la postura de Trump. Sin embargo, el caso no parecía ser una derrota clara, y los jueces lanzaron preguntas desafiantes a ambas partes.
Qué significa “domiciliados”
El gobierno no le está solicitando a la Corte Suprema que anule su precedente de 1898 en el caso Wong Kim Ark, en el que dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano. La clave de su argumento para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento es el hecho de que los padres eran residentes regulares permanentes —o “domiciliados”— en Estados Unidos.
D. John Sauer, procurador general, dijo al tribunal que dado que los migrantes irregulares y los visitantes temporales no están “domiciliados” aquí, sus bebés recién nacidos no son ciudadanos, lo que significa que el tribunal podría ponerse de su parte y no anular el precedente.
Al menos cinco jueces hicieron preguntas sobre las numerosas referencias al domicilio en la sentencia de 1898. ¿Fue esa referencia parte de la razón por la que el tribunal falló entonces a favor de Wong? ¿O fue solo una descripción objetiva de las circunstancias de las personas involucradas? Lo primero haría la distinción jurídicamente significativa. Lo segundo sería un apunte.
“¿No es por lo menos algo para preocuparse, debido a que se discute 20 veces diferentes y tiene un papel significativo en el dictamen, y sin embargo, se descarta como si no tuviera importancia?”, preguntó el presidente de la corte, John G. Roberts Jr., que suele ser mayoría en las decisiones importantes, a Cecillia Wang, la abogada que defendió a las personas que impugnaban la orden de Trump.
“¿Qué hacen ahí esas 20 palabras sobre domicilio? — añadió la juez Elena Kagan—. ¿Por qué espolvorearon eso en la opinión?”.
En respuesta, Wang dijo que la sentencia se limitaba a resumir los hechos estipulados del caso. Lo más importante de la decisión, argumentó, era que reafirmaba el claro propósito de la 14ª Enmienda, que dijo que era una norma universal de ciudadanía por derecho de nacimiento con excepciones muy limitadas.
Por otro lado, el juez Neil M. Gorsuch y la jueza Kagan preguntaron al fiscal general sobre la ausencia de la palabra “domicilio” en los debates del siglo XIX en torno a la adopción de la 14ª Enmienda. El juez Gorsuch señaló que no se mencionaba la condición de ciudadanía o residencia de los padres, sino que se centraba en los niños recién nacidos.
“En ninguno de los debates se habla de los padres —dijo el juez—. Y no se menciona el domicilio en los debates. La ausencia es sorprendente”.
Los bebés que aún no han nacido
“Esta orden ejecutiva se aplica solo prospectivamente —aseguró Sauer—, y pedimos al tribunal que se pronuncie solo prospectivamente”.
La juez Sonia Sotomayor se mostró escéptica: “Nos pidieron que nos centráramos solo en la naturaleza prospectiva de la orden ejecutiva, pero la lógica de su postura, si se acepta, es que este presidente, o el siguiente, o un Congreso, o cualquier otra persona, podría decidir que no fuera prospectiva. No habría nada que lo limitara, según su teoría”.
Se hacía eco así de una observación formulada en un amicus curiae con el tribunal por más de 200 congresistas demócratas, que decían que el Presidente no tenía competencia para declarar que una disposición constitucional o una ley federal se aplicaba solo en el futuro. Al fin y al cabo, si la Constitución y la ley federal no conceden la ciudadanía por derecho de nacimiento, innumerables personas nunca la adquirieron.
“Si el tribunal aprueba las interpretaciones del gobierno —decía el escrito—, millones de estadunidenses simplemente dejarán de cumplir los criterios constitucionales y legales para la ciudadanía. Por lo tanto, la ley les impedirá votar, obtener pasaportes, etcétera”.
Los niños expósitos
La juez Amy Coney Barrett dijo que la postura del gobierno podría ser “complicada en algunas aplicaciones”, y puso el ejemplo de los niños expósitos, bebés abandonados poco después de nacer cuyos padres son desconocidos.
“¿Qué ocurre si no se sabe quiénes son los padres? —preguntó—. ¿Privaría eso a un bebé de la ciudadanía estadunidense?”.
Sauer señaló una ley de 1952 que confería la ciudadanía a los niños de “filiación desconocida” menores de cinco años que fueran encontrados en Estados Unidos, a menos que se demostrara, antes de que cumplieran 21 años, que no habían nacido en el país.
Es de notar que la ley no excluía a los niños de los que posteriormente se demostrara que habían nacido de personas que se encontraban en Estados Unidos de forma temporal o irregular.
La jueza Barrett no quedó satisfecha con esa respuesta: “Sí, sí, sí, ¿pero qué pasa con la Constitución?”.
Sauer no dio una respuesta directa, lo que sugirió que, según su interpretación de la 14ª Enmienda, los niños expósitos podrían ser apátridas.
No les interesan los debates políticos
Al argumentar a favor de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, el gobierno de Trump planteó varias preocupaciones políticas. En primer lugar, que la tradicional práctica de la nación ha incentivado a extranjeros, incluso de naciones hostiles, a viajar a Estados Unidos para tener hijos. El gobierno afirma que el llamado turismo de natalidad es una amenaza para la seguridad nacional.
En segundo lugar, argumentó que muchos otros países, especialmente en Europa, no conceden la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, pero los principales jueces sugirieron que esas preocupaciones políticas no deberían desempeñar ningún papel en el resultado del caso, que debería centrarse en la ley y la Constitución.
Tras preguntar a Sauer sobre la importancia del problema del turismo de nacimiento, el presidente de la corte Roberts preguntó:
“Habiendo dicho todo eso, ¿estás de acuerdo en que eso no influye en el análisis jurídico que tenemos ante nosotros?”.
Sauer reconoció que el turismo de natalidad no era un problema en el siglo XIX, es decir, que no era una cuestión que se tuviera en cuenta cuando se redactó la 14ª Enmienda. Pero, dijo: “Ahora estamos en un mundo nuevo”, en el que 8 mil millones de personas están a un viaje en avión de tener un hijo, que es ciudadano estadunidense.
“Bueno, es un mundo nuevo. Es la misma Constitución”, bromeó el presidente de la corte.
Del mismo modo, el juez Brett M. Kavanaugh, que en su mayoría formuló preguntas abiertas que no revelaban su voto, se mostró escéptico ante los argumentos del gobierno sobre las prácticas de otros países, que no concuerdan con la historia de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
Calificó ese argumento de “muy bueno” desde el punto de vista político, pero dijo que el papel del tribunal es intentar “interpretar la ley estadunidense con precedentes estadunidenses basados en la historia estadunidense”.
“Supongo que no veo la relevancia como cuestión legal, interpretativa constitucional”, añadió.
Dos formas de perder
Al concluir el alegato, parecía claro que sería más fácil para el tribunal, aunque solo fuera por una cuestión práctica, fallar en contra del gobierno.
Kavanaugh esbozó dos posibles decisiones en ese sentido. Una diría simplemente que el precedente de 1898 apoya la interpretación de la 14ª Enmienda que hacen los demandantes.
Kavanaugh señaló que Sauer no había pedido al tribunal que anulara la decisión. “Podría ser una opinión breve, ¿no?”, preguntó a Wang. Ella se apresuró a darle la razón.
Una segunda forma de fallar contra el gobierno, dijo el juez, sería evitar por completo la Constitución y centrarse en una ley federal de 1952 que garantiza de forma independiente la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“Nuestra práctica habitual, como bien sabes, por supuesto, es resolver las cosas por motivos estatutarios y no por un motivo constitucional”, comentó Kavanaugh a Wang.
Eso también le pareció bien. “Obviamente, tenemos dos vías para ganar —confirmó—. Nos alegramos de ganar en cualquiera de ellas o en ambas”.
Sauer ya había indicado que si tenía que perder, preferiría hacerlo basándose en el estatuto, que permitiría al gobierno buscar una nueva legislación. Si el Congreso intentara limitar explícitamente la ciudadanía por derecho de nacimiento, eso provocaría otra ronda de litigios.
MD
