Betssy Chávez Chino, originaria de Tacna, Perú, se convirtió en una de las figuras más polémicas del escenario político sudamericano reciente.
Abogada, ex congresista, ex ministra y breve primera ministra, Chávez Chino saltó al centro de acusaciones penales y crisis diplomáticas, al punto de tensar la relación entre México y Perú.
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¿Qué se sabe de Betssy Chávez Chino?
Nacida el 3 de junio 1989, la polémica política se formó en Derecho en la Universidad Jorge Basadre Grohmann para luego comenzar su carrera como abogada laboralista en instituciones públicas, donde se especializó en temas administrativos y laborales.
Los inicios de su carrera estuvieron marcados, entre otras cosas, por formar parte de la controversial ONG APODER, organismo orientado a la defensa de los derechos humanos de personas privadas de la libertad como Rodolfo Orellana Rengifo, sentenciado por lavado de dinero; Gerald Américo Oropeza, acusado de narcotráfico y el neerlandés Joran van der Sloot, encarcelado por asesinato.
Por dichos casos a mediados de la década pasada, Chávez Chino, junto a otro abogado, enviaron una carta a la ministra de justicia, Marisol Pérez Tello, para solicitarle llevar una comisión al penal de Challapalca, departamento de Tacna, a verificar la situación de esos internos, generando encontronazos políticos en Perú.
Su carrera política tomó impulso cuando fue elegida congresista en 2021 bajo la bandera de Perú Libre, el partido del entonces candidato presidencial Pedro Castillo, aunque más tarde terminó alejada de ese grupo tras disputas internas.
En el Congreso destacó por su postura combativa frente a sectores tradicionales, pero también se ganó críticas por su falta de experiencia administrativa y su estilo confrontativo.
Sin que eso fuera un inconveniente, Castillo la incorporó a su círculo cercano y en octubre de 2021 la nombró ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, encargó desde el cual protagonizó varios enfrentamientos con gremios empresariales, mientras impulsaba una serie de reformas laborales consideradas rígidas por el sector privado, lo que generó tensiones políticas y sociales.
En mayo de 2022, Chávez Chino dejó el Ministerio de Trabajo en medio de cuestionamientos y denuncias por presunto uso indebido de recursos estatales, sin embargo, en noviembre del mismo año regresó al gabinete, esta vez como ministra de Cultura.
Apenas unos días después, y en medio de una fuerte crisis institucional, Castillo la designó presidenta del Consejo de Ministros, convirtiéndola en la segunda mujer en la historia de Perú en ocupar la jefatura del gabinete.
Participación en el intento de golpe de Estado en Perú
Su paso por esa posición duró poco más de dos semanas. El 7 de diciembre de 2022, la abogada acompañó al presidente Castillo cuando éste anunció, sin respaldo militar ni político, la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”.
El intento fracasó en minutos; el ex presidente fue detenido y su lugar al frente de la presidencia fue ocupado por la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Ese episodio marcó para la hoy asilada el inicio de un proceso judicial por rebelión y conspiración. La Fiscalía sostiene que habría participado en la preparación del fallido intento de cerrar el Congreso, lo que para el Ministerio Público la convierte en coautora del delito.
La ex primera ministra fue detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva más de un año, ya que en septiembre de 2024 una jueza le otorgó libertad para enfrentar el proceso, argumentando garantías para su defensa y la no existencia de riesgo de fuga.
Perú rompe relaciones con México
El lunes 3 de noviembre, el canciller peruano, Hugo de Zela, dio a conocer que la ex funcionaria se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Perú.
“El Ejecutivo recibió con sorpresa y con profundo pesar (la noticia de que Chávez) fue asilada en la sede diplomática mexicana”, dijo en conferencia de prensa.
En horas previas, Raúl Noblecillas, abogado de Betssy Chávez Chino, dijo desconocer la ubicación de su defendida.
El caso llevó a un punto crítico la relación bilateral y culminó con la ruptura formal de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
No obstante, De Zela precisó que mantienen las relaciones consulares, por lo que sus consulados en México permanecen intactos para proteger a la comunidad peruana en el territorio nacional.
Para sus detractores, la ex ministra representa una figura oportunista que escaló sin preparación y terminó implicada en un intento golpista.
En tanto, para sus aliados, es un símbolo de persecución política en un país atravesado por crisis constantes.
Ahora, la mujer pasó a ser protagonista central de la mayor tormenta política entre México y Perú, y volvió a tensar las relaciones, al menos desde 2022.
Tras la destitución de la presidencia de Pedro Castillo y su arresto en diciembre de ese año, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el arribo de Dina Boluarte.
La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en octubre en la liberación de Pedro Castillo, ex presidente de Perú, luego de que la mandataria Dina Boluarte fue destituida por el Congreso por "permanente incapacidad moral”.
RM
