M+.- Las dos mayores empresas contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportan ingresos extraordinarios, de hecho, los mayores de su historia, en el primer semestre de 2026, gracias a la expansión de la campaña contra los migrantes ordenada por el presidente Donald Trump.
A pesar de que se acumulan informes sobre la baja calidad de los servicios que proveen, lo que se refleja en muertes, maltrato, deficiencias médicas, hacinamiento, problemas sanitarios y obstáculos a la supervisión, estos no son seguidos de sanciones a las compañías ni de un endurecimiento de las exigencias contractuales.
La bonanza, lejos de menguar, apenas empieza. CoreCivic y GEO expresan su confianza en que su negocio seguirá expandiéndose, lo cual empezó a materializarse apenas inició el tercer trimestre con nuevos contratos y ventas multimillonarias de prisiones.
Ambas empresas se embolsaron más de 2 mil 600 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, una cifra que supera los ingresos obtenidos en años anteriores.
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Abusos, denuncias e impunidad
Los cuestionamientos hacia el desempeño del ICE y sus contratistas provienen tanto del sector civil como del público. Un reporte de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, publicado en junio de 2026, indica que la tasa de mortalidad de personas bajo custodia llegó a 8.4 muertes por cada 10 mil detenidos, la más alta en casi dos décadas y casi el doble del máximo alcanzado durante la pandemia.
El análisis de 39 muertes ocurridas en el primer año del segundo mandato de Trump reveló altas sospechas de atención médica inadecuada o retrasada, como síntomas respiratorios que empeoraron sin intervención adecuada, hipertensión sin el debido seguimiento, casos de sepsis sin administración oportuna de antibióticos, instrucciones médicas contradictorias o retrasos en iniciar reanimación cardiopulmonar.
En el caso de CoreCivic, destaca en el desierto de Mojave el Centro de Detención California City, el mayor punto de confinamiento migratorio de California, con 2 mil 560 camas.
Sobre este, el Departamento estatal de Justicia señaló irregularidades desde 2025, como falta de atención médica, personal sin experiencia, ausencia de garantías procesales e insalubridad.
En junio de 2026, el fiscal general de California denunció que la empresa había abierto la instalación sin permisos correctos ni preparación suficiente.
Eso no impidió que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, del que depende el ICE) comprara California City y el centro de Otay Mesa, con mil 994 camas, a CoreCivic por casi mil 500 millones de dólares, y además le extendiera contratos para seguir operando ambas instalaciones.
Es un hecho que, pese a las polémicas y las denuncias, las empresas rara vez reciben penalizaciones económicas por sus abusos, deficiencias e incumplimientos, según reveló en 2021 una auditoría del inspector general del DHS.
Ganancias históricas
El clima creado por la política migratoria de Donald Trump es ideal para que ambas empresas accedan constantemente a nuevos negocios, con los que superan sus expectativas de ingresos.
Después de que cerró los primeros seis meses de 2026 con un aumento de 26 por ciento en sus ventas, CoreCivic vendió cuatro instalaciones de detención al gobierno federal por 2 mil 200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 307 mil dólares por cada cama.
Y hubo más: el 3 de agosto de 2026 obtuvo un nuevo contrato con el ICE para reactivar la Cárcel del Condado de Prairie –en Des Arc, Arkansas, cerrada desde 2010–, por 75 millones de dólares anuales, que tendrá duración de cinco años.
“Nuestro desempeño financiero en el primer semestre de 2026 se ha visto impulsado por las nuevas oportunidades de crecimiento que aprovechamos en 2025 y que se están normalizando este año”, declaró por su parte George C. Zoley, presidente y fundador de El Grupo GEO, al presentar el reporte de su empresa para el segundo trimestre del año, este 6 de agosto.
“El año pasado fue el período más exitoso en la historia de nuestra compañía en cuanto a la captación de nuevos clientes, y esperamos que 2026 siga siendo muy activo”.
Su optimismo se fundamenta en que en los primeros días del tercer trimestre GEO firmó con el ICE dos nuevos contratos por un total de 165 millones de dólares, para la activación de un centro federal de procesamiento de inmigración con mil 188 camas en Big Horn, en Hudson, Colorado, y de un centro federal de procesamiento de migrantes con mil 320 camas en Rivers, Carolina del Norte.
Por si fuera poco, el ICE reembolsará a GEO los gastos de reactivación de las instalaciones y financiará los costos iniciales de operación.
Aunque GEO actualizó sus previsiones financieras para el año completo con aumentos en las previsiones de ingresos netos para el año completo de 2026, hasta alcanzar alrededor de 3 mil millones de dólares, señaló que estos van a ser mayores que lo calculado porque los nuevos contratos de Big Horn y Rivers todavía no han sido considerados.
Además, “existen varias fuentes de potencial alcista que actualmente no están incluidas”, como “reactivación de instalaciones inactivas adicionales”, “un mayor número de usuarios en nuestras instalaciones activas” –los “usuarios” son migrantes cautivos– y “una mayor utilización de nuestro contrato de servicios de localización de personas”; en otras palabras, prevén que se intensificará la persecución de migrantes.
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HCM
