Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fue detenido el martes 10 de febrero junto a otras diez personas, quienes son investigadas por su presunta relación con delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.
En el llamado caso Goleada, el Ministerio Público indicó que se ejecutaron órdenes de detención "con fines de formulación de cargos" contra 11 personas investigadas, "entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier.
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Evidencia en contra del Presidente de Guayaquil
La Fiscalía publicó en sus redes sociales fotografías del operativo en las que aparece dinero en efectivo, entre otras evidencias. La prensa local informó de que el alcalde de Guayaquil (suroeste) sería trasladado a la capital ecuatoriana, Quito.
Por orden judicial, desde mediados del año pasado, el alcalde de Guayaquil debía portar un grillete electrónico por otro caso, denominado Triple A, que investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
Sin embargo, la Fiscalía informó, en su cuenta de X, que al momento de su detención, "Aquiles A. no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso Triple A".
- PARA QUE LO CONOZCAS
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- Aquiles Álvarez fue elegido alcalde de Guayaquil en 2023 por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017). Hace poco más de un año, la Fiscalía de Ecuador solicitó a un juez que fijara una fecha para la realización de una audiencia en la que pretende vincular al alcalde.
¿Qué se sabe del caso caso Triple A?
La investigación del caso Triple A nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues poco antes había asegurado ser "el único en el país" que "se le planta".
Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
RM
