El presidente tunecino, Kais Said, anunció la creación de un comité para redactar una nueva constitución que llevará a referendo el próximo 25 de julio, exactamente un año después de que se arrogara plenos poderes, con un amplio apoyo popular, y ante acusaciones de "golpe de Estado" por los partidos.
"Se formará un comité con el fin de preparar el establecimiento de una nueva república que culminará sus trabajos en los próximos días", declaró en un mensaje dirigido a la nación con motivo de la festividad de Eid al-Fitr, último día de ayudo del Ramadán.
Dentro de este comité se formarán dos órganos, "uno de ellos para el diálogo en el que estarán presentes cuatro organizaciones nacionales", en referencia aparente al principal sindicato UGTT, el sindicato de abogados, Patronal (Utica) y la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH).
El secretario general del sindicato UGTT en Túnez, Noureddine Taboubi, que defiende el "proceso" del 25 de julio —por el que Said cesó al gobierno y suspendió la actividad del Parlamento—, se opuso hoy a las decisiones excepcionales del presidente y pidió avanzar en el diálogo nacional.
Said disolvió en febrero el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), en marzo el Parlamento y este mes cambió por decreto la composición de la Instancia Superior Independiente de las Elecciones (ISIE), encargada de vigilar los procesos electorales.
La oposición, liderada por el histórico líder de izquierdas, Ahmed Néjib Chebbi, presentó esta semana un frente político con formaciones de distinta tendencia, incluido el partido islamista Ennahda, para defender la vuelta a la Constitución de 2014, suspendida el pasado septiembre, comicios presidenciales y la formación de un gobierno de transición.
El presidente tunecino presentó como hoja de ruta un referendo constitucional el 25 de julio y unas elecciones legislativas el próximo 17 de diciembre. La intervención de Said el pasado 25 de julio para "recuperar la paz social", justificó, tuvo un amplio apoyo popular que se ha ido templando por las polémicas decisiones unilaterales y la falta de claridad en la agenda.
Organizaciones de la sociedad civil, por su parte, denuncian detenciones y medidas cautelares arbitrarias como prohibición de abandonar el territorio, y arrestos domiciliarios de empresarios, diputados y responsables, por parte de la justicia civil y militar.
dr
