Persisten deficiencias en la aplicación de la ley contra la violencia de género y el acompañamiento que debe brindarse a las víctimas, afirmó la ex procuradora del DIF Altamira, Gabriela Ibarra Lozano. Y es que las mujeres no reciben la atención integral como corresponde, teniendo que esperar hasta cuatro meses para recibir terapia psicológica.
A la abogada se le cuestionó si las leyes contra las agresiones de género se aplican correctamente en Tamaulipas, manifestando que en la práctica no, pues aunque se cuenta con el Instituto de la Mujer, no se brinda atención integral inmediatamente a quienes han denunciado ante la autoridad delitos como violencia familiar y sexual.
“Para las terapias psicológicas tienen una fecha de espera hasta de cuatro meses para recibirlas después de que acudieron a presentar una denuncia, pero ese apoyo debe brindarse al momento”, hizo ver la especialista en temas de género e infancia.
Menciona también que existen vacíos legales que dificultan la protección de las víctimas, como la falta de acompañamiento real durante todo el proceso. En muchos casos, las denunciantes recurren a asesores victimales porque no tienen recursos para pagar un defensor particular, y aún así “ni siquiera conocen al abogado de oficio”.
Sobre la actuación de ministerios públicos y jueces en casos de violencia de género, apuntó que aunque buscan ser empáticos, la falta de personal en áreas de apoyo legal obliga a que las víctimas esperen demasiado tiempo para ser atendidas por las instituciones de justicia.
“Y los protocolos de protección no siempre funcionan. Cuando una mujer solicita medidas de protección y no hay un refugio disponible por más de cinco días, se ve obligada a regresar al domicilio con el agresor, repitiendo así el ciclo de violencia económica, sexual y vicaria”.
En cuanto a medidas concretas para reducir los feminicidios, Gabriela Ibarra ha propuesto a los legisladores desde hace varios años que se vuelva a considerar como grave el delito de abandono de obligaciones alimenticias.
“Desde la Constitución, a fin de que el deudor alimentista entienda que dejar de proporcionar alimentos a sus hijos pueda derivar en detención o medidas cautelares de prisión. Esto porque el daño colateral en un juicio de pensión no solo afecta a la mujer, sino que también priva a los hijos de sus derechos, lo que puede derivar en hechos más graves, como violencia familiar e incluso feminicidio”.
Sostuvo que la Fiscalía Especializada en Atención a la Violencia contra las Mujeres en Altamira está operando, pero la falta de personal hace que las jornadas para presentar denuncias sean muy largas, lo que lleva a que muchas desistan de continuarlas.
Ibarra Lozano señaló que reducir los índices de delitos del ámbito familiar y asignar más personal a todas las unidades de investigación, coordinando horarios con el DIF y el Instituto de la Mujer, es uno de los principales retos para quien asuma la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Recordó que la zona sur de Tamaulipas se mantiene en quinto lugar en delitos familiares, como abandono de obligaciones alimenticias, sustracción y retención de menores y violencia familiar, debido a que los tres niveles de gobierno no han logrado reconstruir el tejido social.
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