A 15 años de la masacre ocurrida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, el municipio de Allende —localizado en el norte de Coahuila, cerca de la frontera con Estados Unidos— volvió a reunirse en torno a la memoria, el dolor y la exigencia de justicia. Lo que alguna vez fue silencio impuesto por el miedo hoy se transforma en una voz colectiva que se niega a olvidar.
En el obelisco ubicado en uno de los accesos de la ciudad, familiares de víctimas, colectivos de búsqueda, autoridades y representantes religiosos se congregaron para recordar a quienes desaparecieron en uno de los episodios más violentos de la historia reciente de la entidad... y el país.
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Memoria que rompe el silencio
Para las integrantes del colectivo Alas de Esperanza, la conmemoración no es un acto simbólico más, sino un recordatorio vivo de una deuda que el Estado mexicano no ha saldado.
“Les hablo como una más de ustedes, por quienes ya no pueden hacerlo y por quienes durante años tuvimos que guardar nuestro dolor en el rincón más profundo del alma por miedo. Hoy ese miedo se ha transformado en una fuerza que nadie puede callar”, expresó Rosa Zamarripa Castillo, una de las buscadoras.
Su voz, firme pero entrecortada, resume el tránsito de muchas familias: del terror al coraje, del silencio a la resistencia.
La memoria como acto de dignidad
Durante la ceremonia, el mensaje fue claro: Allende no quiere ser recordado únicamente como escenario de horror, sino como un pueblo que resiste desde la dignidad.
“Allende no fue solo una tragedia; es la suma de vidas de gente trabajadora, de sueños interrumpidos y de familias que, pese a todo, nos negamos a abandonar nuestras raíces”, dijo Zamarripa.
La exigencia central giró en torno al memorial construido en honor a las víctimas. Para las familias, no basta con la infraestructura si no está acompañada de verdad y justicia.
“No queremos que este memorial sea solo piedra y plata; queremos que sea un recordatorio constante para las autoridades de que su omisión costó vidas”, reclamó.
La frase resume una crítica profunda: el riesgo de institucionalizar la memoria sin resolver el fondo del problema.
Una herida que rebasa a Allende
La tragedia no se limita a este municipio. La violencia que marcó la región norte de Coahuila entre 2009 y 2013 dejó una estela de desapariciones en los llamados Cinco Manantiales y en ciudades como Piedras Negras.
Andrea Ramos Salas tomó la palabra no solo como hija de una víctima, sino como representante de una generación que ha crecido entre la ausencia.
“Hoy no hablo solo con la voz, hablo con el eco de un vacío que lleva años instalado en mi hogar”, dijo al recordar a su padre, desaparecido en 2019, así como a otros policías municipales.
Su testimonio conecta dos temporalidades: la de las desapariciones masivas del pasado y la persistencia de estos delitos en años recientes.
“Nos convertimos en buscadoras de una verdad que no hemos podido encontrar y en guardianes de un recuerdo que es lo único que nos queda”, afirmó.
Cifras oficiales contra memoria colectiva
A pesar de la magnitud del caso, las cifras oficiales siguen siendo motivo de controversia.
La Fiscalía de Coahuila reconoce únicamente 11 personas desaparecidas relacionadas directamente con la masacre de Allende. De acuerdo con el fiscal especializado, existen siete sentencias y cinco órdenes de aprehensión pendientes.
Sin embargo, estas cifras contrastan con versiones que han señalado la posible desaparición de hasta 300 personas durante aquellos días.
Además, el registro estatal indica alrededor de 45 personas desaparecidas en la región de los Cinco Manantiales y cerca de 170 en Piedras Negras desde 2008, lo que evidencia un contexto más amplio de violencia.
Las investigaciones continúan abiertas y, según autoridades, aún se trabaja en la identificación de más responsables.
Justicia pendiente
Para las familias, los expedientes no son números ni carpetas, sino historias de vida truncadas.
“Los expedientes no son solo papel; son hijos que crecieron sin el abrazo de sus padres y hogares rotos que hoy están esperando un cierre”, reclamó Andrea Ramos.
La crítica no solo apunta a la lentitud judicial, sino también a la falta de resultados tangibles después de más de una década.
Incluso en el ámbito internacional, el caso sigue vigente. Las masacres de Allende y Piedras Negras forman parte del proceso judicial que enfrenta Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, en Estados Unidos, donde autoridades buscan acreditar su responsabilidad como líder de Los Zetas.
Ritualizar la ausencia
Las actividades conmemorativas concluyeron con una intervención simbólica en la plaza principal. Integrantes de Alas de Esperanza colocaron fichas de búsqueda, fotografías y veladoras, iluminando el espacio como un gesto de guía para quienes no han regresado.
“Es una forma de iluminar el camino de nuestros seres queridos para que encuentren su camino a casa”, explicó Reyna Martínez, representante del colectivo.
Pero también fue un mensaje hacia la sociedad: la tragedia no es cosa del pasado.
“Esto no ha terminado. Hay desapariciones de larga data, pero también recientes. El contexto es distinto, pero siguen ocurriendo”, advirtió.
Entre el perdón y la justicia
En medio del acto, el sacerdote Rafael Castillo Guillén ofreció una reflexión que resonó entre los asistentes: el tiempo puede aliviar el dolor, pero no sustituye la justicia.
“No pueden hacer que las heridas se cierren si no hay respuestas”, señaló.
Quince años después, Allende sigue siendo un símbolo de lo que ocurre cuando la violencia se combina con la impunidad, pero también es ejemplo de resistencia.
Las familias han aprendido a vivir con la ausencia, pero no a aceptarla.
Porque en Allende, la memoria no es solo recuerdo: es exigencia. Y la justicia, una promesa que sigue sin cumplirse.
dahh.
