El caso de presunto acoso laboral, institucional y hostigamiento contra la académica Nahayeli Gómez Aguilera continuará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, luego de que los mecanismos internos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se agotaron con las denuncias que la docente presentó en septiembre del año pasado.
Gómez Aguilera, reconocida investigadora en el campo de la comunicación, coordinadora nacional de la Red Nacional de Observatorios de Medios del CONE, e integrante de proyectos académicos, editoriales y de investigación a nivel nacional, sostiene que su salida de la Facultad de Ciencias de la Comunicación no fue voluntaria, sino consecuencia de una serie de agresiones sistemáticas que, asegura, comenzaron a escalar desde principios del ciclo escolar 2023–2024.
En entrevista con MILENIO la académica destacó que impartió clases durante siete años en la institución, donde además coordinó la licenciatura, participó en el rediseño curricular, dirigió el observatorio universitario y fungió en varias ocasiones como consejera directiva.
Un conflicto que escaló
De acuerdo con Nahayeli Gómez, las tensiones iniciaron meses antes de que ella pudiera identificarlas como parte de un proceso de hostigamiento.
Sin embargo, afirmó que el acoso se hizo evidente desde enero de 2023, cuando comenzó la implementación del nuevo plan de estudios.
“La violencia empezó a escalar de una forma incoherente. No era un conflicto académico, sino algo personal y sistemático”.
Señaló directamente al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Ricardo Jurado Rangel; al secretario académico Ricardo Román Rodríguez Lozano y al secretario administrativo Jesús Yair Vargas Morales, como los funcionarios que habrían encabezado las presiones, los actos de intimidación y los intentos por desplazarla del ámbito académico.
Entre las conductas denunciadas menciona gritos, insultos, amenazas, presiones para alinearse administrativamente y advertencias de que sería retirada de la coordinación si no accedía a decisiones que ella calificó como “improcedentes”.
“Me dijeron que si no me alineaba con ellos, me iban a ver como enemiga y que tenían el poder para quitarme del cargo”.
Aseguró que fue removida de la coordinación de la carrera en Ciencias de la Comunicación sin fundamento académico, legal o administrativo.
Conflictos de interés y un ambiente “hostil y permisivo”
Uno de los señalamientos que la académica plantea como parte del entorno hostil tiene que ver con presuntos conflictos de interés, mismos que están prohibidos en el estatuto universitario.
“En la facultad hay relaciones afectivas directas entre funcionarios y personal bajo su mando. La esposa del director está en un cargo de coordinación, y la pareja del secretario administrativo también trabaja dentro del mismo departamento”, explica.
Gómez Aguilera aseveró que estos vínculos derivaron en trato preferencial, decisiones administrativas discrecionales y un ambiente que normalizó prácticas que ella considera contrarias a un entorno académico seguro.
También menciona haber observado conductas inapropiadas hacia estudiantes, a quienes buscaba acompañar y orientar cuando reportaban situaciones de violencia o inconformidad.
La denuncia ante el Tribunal Universitario
Narró que en septiembre de 2023, tras meses de tensiones, la docente presentó una denuncia formal ante el Tribunal Universitario, donde entregó grabaciones, documentos, pruebas y testigos, entre ellos el académico Alfredo Morales, quien habría presenciado varios de los hechos denunciados.
El tribunal inicialmente se declaró competente para conocer el caso y abrió el procedimiento correspondiente. Sin embargo, semanas después se declaró incompetente, sin emitir resolución ni canalizar el expediente hacia una instancia externa.
“No pueden declararse competentes y luego incompetentes. Eso dejó el caso en un vacío institucional que empoderó a mis agresores”.
La decisión coincidió con el proceso electoral interno de la facultad, en el cual se le presionó para renunciar a una posible candidatura.
Afirma que, incluso antes de que ella definiera su participación, comenzaron presiones, rumores y señalamientos para impedirle competir.
Denuncias estudiantiles: “estaba orquestado”
Luego de que el Tribunal Universitario de la UA de C dejó el caso sin resolución, Gómez Aguilera comenzó a enfrentar una serie de denuncias estudiantiles que, considera, fueron impulsadas de manera deliberada.
Mencionó que estos señalamientos eran por presunta exigencia de calificaciones, tuvo una denuncia por supuesto “abuso de poder”, figura que afirmó no existe en el marco normativo universitario, además de una denuncia Una denuncia por presunta agresión física, situación que, aseveró, jamás ocurrió.
En uno de los procedimientos, la docente acudió con una notaria pública para dejar constancia de que no existían pruebas en su contra.
“Los estudiantes que denunciaron no estuvieron presentes en los hechos que describieron. Incluso una de las supuestas testigos decía que yo era violenta, pero no podía explicar en qué consistía esa violencia”.
Puntualizó que la Defensoría de Derechos Universitarios determinó que no existían elementos para sancionarla, pero la narrativa interna contra ella ya había sido sembrada.
Aislamiento administrativo y retiro paulatino de funciones
De acuerdo con su versión, durante los últimos meses en la UAdeC se le retiró de su oficina, hubo reducción de su carga académica, prohibición para estar en ciertos espacios universitarios y participación en proyectos institucionales.
“Era un acoso institucional para empujarme a renunciar”, agregó que se realizaron votaciones informales entre estudiantes para aceptar o rechazar su clase, práctica que califica como intervención directa de autoridades para minar su credibilidad.
Nombramiento nacional detonó nuevas tensiones
En medio de ese panorama, Gómez Aguilera recordó que fue elegida coordinadora nacional de la Red de Observatorios de Medios del CONE, un cargo de representación académica donde participan 22 universidades de todo el país.
Enfatizó que su designación generó molestia dentro de la facultad: “Parece que les incomodó que yo tuviera un puesto nacional. A partir de eso, las agresiones se intensificaron”.
Tras la falta de resolución dentro de la UAdeC, la docente decidió llevar el expediente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, instancia que ya analiza pruebas, testimonios, documentos notariales y registros de denuncias internas.
El objetivo, según explica, es que se reconozca la existencia de violencia laboral e institucional, se repare el daño profesional, y se revisen las presuntas irregularidades administrativas dentro de la facultad.
Determinan que no hubo violencia de género
MILENIO consultó al Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y afirmó que el procedimiento relacionado con la denuncia presentada por la exdocente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de Torreón, Nahayeli Gómez, ya fue analizado y resuelto desde el año anterior, determinando que no existieron elementos suficientes para acreditar violencia de género.
Así lo confirmó Nadia Libertad Salas Carrillo, titular del Tribunal, quien en entrevista enfatizó que, aunque está obligada a mantener la confidencialidad de los expedientes, sí puede explicar el proceso general y precisar lo concerniente al caso que recientemente volvió a la discusión pública.
Salas Carrillo explicó que el Tribunal actúa conforme al Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género de la UAdeC. Este proceso incluye etapas de investigación, pruebas, alegatos y, posteriormente, una resolución.
“Este es un tema que no se vio este año, sino en el año anterior. Las personas denuncian, se abre una investigación y se siguen todas las etapas del protocolo”.
Aseguró que, como en todos los procedimientos, se dictaron medidas cautelares para proteger a la persona denunciante mientras el caso estaba en análisis.
Sin embargo, el resultado fue claro: “Cuando no hay elementos que acrediten la responsabilidad, la resolución es en sentido absolutorio. Y así ocurrió en este caso.”
Sin impugnación en segunda instancia
La titular del Tribunal recordó que toda persona inconforme con la resolución tiene derecho a acudir a una segunda instancia universitaria, y posteriormente a instancias externas como tribunales laborales o al juicio de amparo.
“Si no se accede a la segunda instancia, se está manifestando implícitamente conformidad con la resolución, en este caso no hubo inconformidad ante la instancia correspondiente”.
El aspecto laboral no corresponde al Tribunal
Sobre la separación del cargo de Gómez Aguilera, Salas Carrillo enfatizó que el Tribunal de Violencia de Género no tiene competencia en rescisión laboral.
“La rescisión no es competencia del tribunal. Si se habla de una separación laboral, eso pertenece a otra área institucional. Yo no conozco los motivos ni me corresponde analizarlos”.
Aclaró que cada órgano universitario tiene facultades específicas y que, en caso de desacuerdos con decisiones laborales, existen vías legales externas para su revisión.
“El tribunal ya revisó, ya integró la investigación y resolvió. Es importante que la comunidad sepa que hay procesos internos y externos para inconformarse cuando se considera necesario”.
Finalmente, Salas Carrillo expresó su disposición para mantener canales de comunicación abiertos para fortalecer la difusión de cómo operan los mecanismos institucionales de atención a la violencia de género dentro de la UAdeC.
aarp
