Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron una manifestación en Chilpancingo para exigir la revisión de los despidos registrados dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), al considerar que estas decisiones afectan tanto a la base trabajadora como a las personas que requieren atención jurídica gratuita.
La movilización fue respaldada por el Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, cuyos representantes señalaron que, a nivel nacional, 43 trabajadores sociales fueron separados de sus cargos.
Aseguraron que la mayoría de las personas afectadas son madres solteras y sostén económico de sus familias, por lo que exigieron la reinstalación inmediata del personal.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Judith Rocío Gama Escobar, quien se desempeñaba en la oficina de Acapulco y acumulaba más de 15 años de experiencia laboral.
El delegado sindical en Chilpancingo, José Uriel Vega Sierra, explicó que, aunque las personas despedidas ocupaban plazas de confianza, el gremio decidió acompañar su exigencia debido a la incertidumbre que existe entre el personal de distintas áreas.
Indicó que los ajustes presupuestales implementados por el órgano de administración judicial podrían derivar en nuevas bajas, por lo que pidieron que se respeten los derechos laborales y se eviten medidas que dejen sin empleo a trabajadores con trayectoria dentro de la institución.
En el caso de Guerrero, detallaron que la afectación directa corresponde a una trabajadora adscrita a Acapulco, quien brindaba acompañamiento y orientación a personas de bajos recursos que buscan acceder a servicios de defensa y asesoría legal.
Raúl Ramírez, secretario de Tribunales de Circuito, señaló que la reducción de trabajadores sociales y asesores jurídicos puede limitar la capacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender asuntos penales, amparos y otros procedimientos en los que la ciudadanía requiere representación gratuita.
Los inconformes sostuvieron que los despidos contradicen los compromisos anunciados durante el proceso de reforma judicial, cuando se afirmó que no habría afectaciones a los derechos de las y los trabajadores.
También cuestionaron que se prescinda de personal con experiencia mientras se incorporan nuevos empleados, pues consideraron que la falta de conocimiento operativo puede repercutir en la calidad de los servicios de justicia.
Finalmente, los manifestantes solicitaron a las autoridades judiciales frenar los recortes, revisar los casos de despido y garantizar que el Instituto Federal de Defensoría Pública mantenga la capacidad necesaria para atender a los sectores que no cuentan con recursos para contratar una defensa particular.
LG
