La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su rechazo ante el despido del personal de diversas áreas operativas, trabajadoras sociales y personal administrativo que ocupan plazas en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y en el propio Órgano de Administración de Justicia (OAJ).
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María Elena Molina, magistrada en retiro, señaló que las 43 personas despedidas en el IFDP no era personal administrativo.
Eran profesionales que realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o una asesoría jurídica.
Su trabajo permitía que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una atención integral y una defensa acorde con su realidad.
“Cuando desaparece este personal especializado, no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan”, escribió en su cuenta de la red social X.
Denuncian condiciones laborales de hostilidad en el OAJ
La Jufed indicó que por medio de testimonios de personas afectadas, se ha constatado el clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales con el que se conducen los representantes del OAJ.
Manifestó que es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.
“Si bien los afectados, mayoritariamente mujeres, pertenecen al personal de apoyo y administrativo, Jufed como organización comprometida con la legalidad, la justicia y los derechos humanos, no puede permanecer indiferente ante prácticas arbitrarias que atentan contra la base laboral que sostiene la operación de la judicatura”.
Añadió que, en un entorno de trabajo en donde impera el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice abiertamente los principios de la Constitución
En Jufed hacemos un llamado enérgico y urgente al Órgano de Administración Judicial para que cese estas conductas contrarias al orden legal y al trato digno que merece cualquier ser humano. La función pública debe regirse bajo la ley, la racionalidad y el respeto a los procedimientos establecidos, jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico.
En redes sociales se difundieron imágenes de trabajadoras en llanto, luego de ser notificadas de su despido en el IFDP.
AI
