Un testimonio obtenido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en agosto de 2015 sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa contradice la versión que en meses recientes ha señalado al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por la presunta destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala.
La declaración forma parte del tomo 135 de la investigación y corresponde a un trabajador del ayuntamiento de Iguala, quien aseguró que las imágenes captadas por las cámaras 12 y 15 del inmueble, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron desechadas debido a que el material resultaba inservible.
De acuerdo con su testimonio, el empleado intentó respaldar las grabaciones antes de que fueran borradas automáticamente por el sistema. Tras enterarse de lo ocurrido con los normalistas, revisó el material de una de las cámaras y observó los destellos de las torretas de dos patrullas que permanecieron durante más de una hora en la zona.
El trabajador relató que descargó las imágenes en un DVD, pero al intentar reproducirlas encontró la pantalla en negro. Aseguró que intentó realizar el respaldo entre cuatro y cinco veces sin éxito, por lo que finalmente desechó el material.
En su declaración no mencionó haber recibido instrucciones de algún superior para destruir los videos.
Testimonio contradice señalamientos contra Aguirre
La declaración cobra relevancia debido a que contradice los dichos realizados recientemente por Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca Estrada, exvisitadora del Consejo de la Judicatura.
Ambas mujeres han señalado que los videos fueron destruidos el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes, y que la decisión habría ocurrido después de que Estrada entregara el material al entonces gobernador.
Según esas versiones, Aguirre habría ordenado destruir las imágenes para evitar que se conocieran sus presuntos vínculos con grupos criminales.
Sin embargo, el testimonio recabado por la entonces PGR casi un año después de los hechos plantea una versión distinta: el material habría sido descartado por problemas técnicos y no por una instrucción del exgobernador.
Incluso, una semana antes de que la PGR obtuviera esta declaración, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había denunciado la destrucción de las evidencias y atribuido la responsabilidad a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y no directamente al entonces gobernador.
Los videos eran relevantes porque las cámaras estaban ubicadas en la parte superior del Palacio de Justicia y tenían una vista hacia el puente de Chipote, zona donde el autobús 1531 fue interceptado antes de la desaparición de los normalistas.
Aunque el material original no pudo ser recuperado, los hechos ocurridos en esa zona fueron posteriormente reconstruidos a partir de testimonios. En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) utilizó esas declaraciones para recrear la forma en que los estudiantes fueron interceptados antes de desaparecer.
El testimonio de 2015 no determina por sí mismo quién ordenó o provocó la pérdida de las grabaciones, pero sí introduce una versión distinta sobre lo ocurrido con los videos y contradice la afirmación de que su destrucción fue resultado de una instrucción directa del exgobernador.
La existencia de esta declaración también abre una interrogante sobre por qué el contenido de ese testimonio no habría sido utilizado antes por la defensa de Aguirre para cuestionar los señalamientos en su contra.
Puedes ver la pieza completa aquí:
???? Un testimonio de 2015 de la entonces PGR contradice los señalamientos actuales de la FGR contra el exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa. Un exempleado de Iguala declaró que destruyó videos del Palacio de Justicia por considerarlos inservibles.
— Milenio (@Milenio) August 19, 2026
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Con información de Mario García.
