M+.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es acusado por su presunta participación en el delito de desaparición de personas, bajo el supuesto de que un servidor público habría ocultado información que abonaría al esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.
Durante la madrugada este miércoles, compareció ante un juez federal en las instalaciones del juzgado de Altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuviera la semana anterior en territorio mexiquense.
En comparación con el segmento inmediato anterior, en esta última audiencia ingresó de pie y eventualmente se sentó en una silla de ruedas para escuchar y robustecer los datos de prueba con los que su defensa intentó evitar su vinculación a proceso.
Durante la diligencia hizo uso de la palabra y ventiló múltiples datos. Incluso se dirigió a los padres de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 que se encontraban presentes y vía remota en esta sala de audiencias.
“Si yo supiera dónde están los jóvenes, lo hubiera notificado… yo sé lo que ellos están viviendo, yo sería un desalmado si no aportara esa información”, indicó.
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 fue reportada la ausencia de los normalistas y hasta la fecha no hay certeza de qué es lo que ocurrió con ellos.
En su momento, la crisis política fue tal que orilló a que Ángel Aguirre e integrante de su gabinete solicitaran licencia al cargo; sin embargo, fue un argumento para abandonar sus funciones ante la crisis política que se vivía en Guerrero, ya que de manera paralela había otros fenómenos sociales, principalmente vinculados a la seguridad.
No fue hasta que 12 años después fue detenido, luego de que la FGR contara con declaraciones de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, visitadora general, con los que se acreditaba que aparentemente ordenó la destrucción de pruebas.
Defensa intenta evitar vinculación a proceso
De acuerdo con las declarantes, la noche del 29 de septiembre de 2014 habrían recibido información sobre el trayecto de los estudiantes. Una cámara de seguridad del palacio de justicia de Iguala habría registrado un autobús de pasajeros con estudiantes que bajaban con las manos en la nuca y que luego subieron a otra unidad, la cual era vigilada por hombres armados que se presume pertenecerían al crimen organizado.
Este hecho le fue documentado a la presidenta del Poder Judicial, quien eventualmente salió de una reunión, momento en el que presuntamente Blanca aprovechó para tomar un disco que contenía la información y luego se reunió personalmente con el entonces gobernador para darle cuenta de lo sucedido, quien le dijo “que se haría cargo”.
Si bien han pasado 12 años, lo cierto es que desde entonces se informó que el sistema de grabación estaría dañado y que la única copia de esta grabación aparentemente fue destruida por instrucciones del entonces mandatario.
Sobre ello, indicó en la audiencia: “Yo nunca conocí esos videos, no los tuve en mi poder y que la señora, que es una mitómana y delincuente y que se debe desechar de tajo. Me parece una total injusticia que una señora, que es una señora que me ha perjudicado”.
Su defensa invocó 31 datos de prueba, entre los que destacan seis testimonios de colaboradores cercanos que darían fe de que el 29 de septiembre de 2014 se encontraría una reunión en la capital del país con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Se leyeron las entrevistas de Armando Oñorbe, colaborador cercano; Ángel Merino Marín, chofer del exgobernador; Pedro Julio Valdés Vilchis, asistente a la reunión y coordinador de comunicación social; mientras que Felipe Martín Ornelas, Rebollo, coronel, amigo desde el huracán Paulina en 1997 y coordinador general de seguridad y transporte aéreo del Estado de Guerrero, y Jesús Martínez Garmelo, exsecretario general de gobierno, testificaron personalmente.
Aunado a ello, se presentaron publicaciones en redes sociales, notas periodísticas y se refirió el enlace de una galería de fotos oficiales de la Segob con los que pretendía justificar que, en efecto, Ángel Aguirre estuvo en la Ciudad de México el día y hora señalados en los que presuntamente recibió los videos.
Los datos fueron admitidos; sin embargo, se determinó su vinculación a proceso, ya que uno de los supuestos de la desaparición de personas cometida por servidores públicos es la probabilidad de ocultamiento de información y contempla la posibilidad de la destrucción de evidencias, como indica la teoría del caso del ministerio público.
Exgobernador habría denunciado a 'narcoalcaldes'
En su participación, Ángel Aguirre rememoró una reunión con el expresidente Enrique Peña Nieto y eventualmente indicó que se acercó con el exprocurador fiscal, Murillo Karam, a quien le pidió que se actuara en contra de diversos alcaldes de la región, entre ellos, José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala.
Él le dijo que se habría de someter a una cirugía y que eventualmente le instruiría a su subalterna para que procedieran por supuestos vínculos con la delincuencia organizada e incluso sugirió que si lo hubieran detenido a tiempo, la desaparición de los normalistas pudo haberse evitado.
Asimismo, refirió que le habría pedido que se investigara a otros alcaldes que tenían vínculos con crimen, a la par de referir que él no tenía relación alguna con delincuentes.
“Nunca en mi vida he tenido un solo vínculo con la delincuencia organizada; tengo mi cabeza tranquila, tengo las manos limpias… Jamás me he sentado con la delincuencia organizada, ni he recibido un solo peso”.
Durante su participación, también recordó que fue gobernador interino, momento en el que habría conocido al después expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Informó que su gestión se caracterizó por nutrirse con perfiles del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el cual entonces el tabasqueño militaba y que eventualmente le reconoció.
“Cuando nos volvimos a ver Andrés Manuel López Obrador y yo, estaba muy sorprendido, porque no pensó que le iba a dar un toque de pluralidad a mi gobierno”.
Padres de los normalistas aseguran que conoce paradero de estudiantes
El caso Ayotzinapa es uno de los más complejos de la política mexicana moderna. A lo largo de los años han surgido diversas versiones, pero lo cierto es que hasta este momento la autoridad no ha informado el paradero de los 43 normalistas.
Durante la diligencia, los padres afirmaron que la detención de Ángel Aguirre es clave en la resolución, ya que consideran que por su investidura como exgobernador tendría que conocer o tener información que podría llevar a su localización.
“Yo le quiero decir que a 12 años de lucha, de exigir, no se me hace justo que aquí veamos regularidades… en verdad, limpie su nombre”, le reclamó una de las madres de identidad reservada.
Otra de ellas fue mucho más puntual y sugirió que el político posee información privilegiada sobre el paradero de los estudiantes.
“El gobernador Ángel Aguirre, él sabe dónde están nuestros hijos… para nosotros, como madres, es injusto que lo siga negando… nos han robado la alegría, la armonía”.
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