En un encuentro celebrado en la Ciudad de México entre el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, y el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa con autoridades de los gobierno de Oaxaca y Chiapas se acordó realizar acciones conjuntas en la zona del conflicto de los Chimalapas para evitar las confrontaciones y recuperar el pacto de distensión firmado por ambas entidades, en tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agota la vía jurídica para determinar los linderos territoriales.
Uno de los primeros acuerdos versa en dar cauce a la petición que hizo el gobierno de Oaxaca para que la gendarmería nacional como fuerza de seguridad neutral realice patrullajes en la zona limítrofe de la selva de los Chimalapas con los estados de Chiapas y Veracruz para evitar nuevas invasiones, y acciones de tala ilegal de madera.
Se mandato al Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo, para que se desplieguen elementos de la gendarmería en la zona en conflicto realizando patrullajes e instalando puntos de control y operaciones mixtas a lado del ejercito para realizar acciones de supervisión y recorridos, todo esto con la finalidad de restablecer la legalidad, la paz social y evitar se continúe con el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, evitar el deterioro del ecosistema y prevenir asentamientos irregulares.
Como parte de las acciones inmediatas, se apoyará a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Oaxaca, para la realización de las diligencias pendientes por motivo de las denuncias existentes por nuevos asentamientos irregulares y daños a la selva de los Chimalapas.
Estos acuerdos se vinculan con la continuación de los trabajos en la mesa social integral para esa zona.
El secretario General de Gobierno de Oaxaca Carlos Santiago Carrasco, confió en que con la intervención federal se puedan poner un alto a las invasiones que han cometido diversos grupos de ejidatarios en la zona, lo que ha causado la irritación de las comunidades zoques que están a favor de defender su territorio.
Dijo que una de las soluciones a largo plazo es que los mismos pobladores comiencen a poblar las zonas no habitadas para poner fin al problema.
"En los sexenios de Diódoro Carrasco Altamirano y Ulises Ruiz se aplico un desalojo, y ahora, no es lo más correcto, por ello la recomendación es que comiencen a poblar las zonas con habitantes originarios de Oaxaca, de otra forma continuaran las invasiones por parte de gente de estados vecinos como Chiapas y Veracruz".
Dejó claro que entre los poblados locales de Santa María y San Miguel Chimalapas no hay indefinición agraria, el problema subsiste en los límites territoriales que el estado de Chiapas se niega acatar y respetar porque prohibían la tala ilegal, el daño del ambiente y alienta las invasiones creando núcleos poblaciones ilegales.
