El contralor del municipio de Torreón, Óscar Luján Fernández, dio a conocer que, si bien concluyó la auditoría que se realizó al Fideicomiso del Sistema de Prepago del Transporte Público, se enfrentaron a la falta de transparencia, ya que se negaban a mostrarles estados financieros, además de que esta figura ya debió haberse rescindido.
A manera de antecedente, se informó que en 2010 se conformó un fideicomiso para crear la empresa Servicios Tecnológicos de Prepago S.A. de C.V. que manejan los concesionarios del transporte.
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De los 250 mil usuarios diarios que tiene el sistema de transporte, apenas un 30 por ciento utiliza la tarjeta de prepago. En julio del 2024, el entonces contralor de Torreón, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dio a conocer que se llevaría a cabo una auditoría extraordinaria al Fideicomiso del Prepago en el Sistema de Transporte con el objetivo de revisar las operaciones que realizan y si se cumple con las especificaciones del contrato.
Sobre los resultados de la auditoría, el actual contralor (Luján Fernández) dio a conocer que lo que se detectó es falta de transparencia en los particulares que lo operan.
“El municipio forma parte del fideicomiso porque es un servicio público municipal; estuvimos investigando y se determinó que faltó mucha transparencia entre ellos. Es un conflicto entre los concesionarios que lo operan, no del municipio”, afirmó.
Si bien dijo que, no tienen cuantificado lo que implica en términos económicos esa falta de transparencia, solo saben por lo que uno de los dos grupos les ha informado y el otro grupo se resiste a dar la información necesaria.
“La conclusión es que el fideicomiso debió haberse rescindido desde hace varios años; sin embargo, ha seguido funcionando para ellos, pero con falta de transparencia. Con la modernización viene un nuevo esquema”, afirmó.
Asimismo, comentó que el Ayuntamiento interviene porque, además de que se trata de una concesión municipal, le invirtió 3 millones de pesos para la operatividad.
Finalmente, dijo que, para que exista responsabilidad penal, deberán ser los concesionarios que forman parte del fideicomiso quienes pueden interponer el recurso legal, ya que no hubo apertura de la información ni de la fiduciaria ni de los fideicomitentes, quienes debían darle la información a sus agremiados, y tampoco fue así.
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