En Querétaro, el Congreso local aprobó por unanimidad sanciones de entre ocho y 15 años de prisión, así como multas de mil a 2 mil 500 días, para quien incurra en el delito de cohabitación forzada.
La reforma al artículo 142 Quáter del Código Penal estatal establece que comete este delito quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas a unirse de manera informal o consuetudinaria con otra, incluso con alguien mayor de 18 años, con el propósito de convivir de forma constante como si se tratara de un matrimonio.
El dictamen, aprobado en el marco del 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, también contempla agravantes que incrementan la pena hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, o exista relación de parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente, colateral hasta cuarto grado, o por afinidad.
Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de la Familia, Leonor Mejía, subrayó que la niñez no debe asumir responsabilidades que no le corresponden, y mucho menos ser obligada a una vida en pareja. Como ejemplo, refirió el caso de "María", una niña de 10 años originaria de Landa de Matamoros, quien fue obligada a abandonar la escuela para vivir con un hombre mayor.
"Nadie le preguntó qué quería, nadie le explicó que tenía derecho a decir que no. Su infancia terminó antes de tiempo, no por decisión propia, sino por imposición", expresó.
El documento aprobado señala que la cohabitación forzada constituye una forma de violencia vinculada a prácticas de control familiar, violencia de género y violaciones a derechos humanos, que afecta principalmente a niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
Cabe recordar que en Querétaro, desde 2018, está prohibido el matrimonio con personas menores de 18 años; sin embargo, hasta ahora no existían sanciones específicas para las uniones informales que vulneran el interés superior de la niñez y limitan su libre desarrollo de la personalidad.
