El proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) que se desarrolla en Topolobampo, Sinaloa, ha sido sometido a uno de los procesos de evaluación ambiental, regulatoria y jurídica más extensos del país, de acuerdo con especialistas en gestión ambiental.
Durante más de una década, la iniciativa ha atravesado distintas etapas de análisis técnico por parte de autoridades federales, consultas públicas, resoluciones judiciales y revisiones institucionales, lo que, según expertos, la convierte en un caso de referencia en materia de escrutinio para proyectos industriales de gran escala en México.
Reducción de consumo energético, monitoreo ambiental y baja de emisiones: ¿qué contempla la planta?
El doctor Xicoténcatl Vega Picos, especialista en gestión ambiental, sostuvo que las autorizaciones obtenidas por el proyecto son resultado de procedimientos encabezados por las instancias competentes y sustentados en criterios técnicos.
La planta, cuya inversión supera los mil 800 millones de dólares, fue diseñada bajo estándares internacionales de eficiencia energética, sostenibilidad y cumplimiento normativo, indicó.
Entre las características técnicas del complejo destaca la incorporación de sistemas de recuperación de energía y optimización de procesos, con el objetivo de reducir el consumo energético, uno de los principales desafíos de la industria del amoniaco.
El proyecto también contempla programas permanentes de monitoreo ambiental y acciones de conservación de la biodiversidad en la Bahía de Ohuira, una zona considerada de alta relevancia ecológica en el norte de Sinaloa.
Los especialistas señalaron además que la producción nacional de amoniaco podría contribuir a disminuir la huella ambiental asociada a la importación de este insumo, al reducir las emisiones derivadas de su transporte desde otros países.
En el ámbito agrícola, destacaron que la infraestructura busca fortalecer el suministro de fertilizantes para el campo mexicano, particularmente en entidades productoras como Sinaloa, donde el acceso a estos insumos es considerado estratégico para mantener la productividad.
Llaman a privilegiar el diálogo
En ese contexto, más de un centenar de representantes de los sectores empresarial, académico, agrícola, pesquero y social difundieron el pronunciamiento Un futuro compartido para Topolobampo y la Bahía de Ohuira, mediante el cual hicieron un llamado a privilegiar el diálogo, el respeto a la legalidad y la construcción de acuerdos en torno al proyecto.
Los firmantes sostienen que el debate debe reconocer tanto las inquietudes relacionadas con el medio ambiente, la salud y la conservación del ecosistema como las oportunidades de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento de la seguridad alimentaria que, a su juicio, representa la inversión.
El documento refiere que el proyecto inició su proceso regulatorio hace más de 10 años y recuerda que la autorización ambiental fue emitida en 2014 y revisada nuevamente en 2022. También señala que, durante la consulta realizada en 15 comunidades de la región, 11 expresaron su respaldo a la iniciativa.
Los promoventes argumentan que México enfrenta el reto de fortalecer su soberanía alimentaria mediante una mayor producción nacional de amoniaco, insumo indispensable para la elaboración de fertilizantes, por lo que consideran que una planta de estas características contribuiría a reducir la dependencia de importaciones y dar mayor certidumbre al sector agrícola.
Asimismo, afirman que Topolobampo requiere inversiones que impulsen el empleo, la capacitación y el desarrollo económico regional, siempre bajo estándares ambientales, sociales y de seguridad, así como con supervisión permanente de las autoridades competentes.
El pronunciamiento también sostiene que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden ser compatibles cuando los proyectos cumplen con la legislación vigente, operan con transparencia y mantienen mecanismos efectivos de participación ciudadana y acceso a información verificable.
Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a sustituir la confrontación por el diálogo entre autoridades, comunidades, organizaciones civiles, sector productivo y medios de comunicación, con el objetivo de construir acuerdos sobre el futuro de la Bahía de Ohuira y promover un desarrollo que beneficie tanto a las familias de la región como al patrimonio natural del norte de Sinaloa.
El documento fue suscrito por representantes del Consejo Sinaloense de Empresarios, investigadores de instituciones académicas, organismos empresariales como Coparmex, Canacintra, Canaco y Codesin, además de organizaciones de productores agrícolas, cooperativas pesqueras, sindicatos, empresarios y ciudadanos de distintas regiones del estado.
Para Vega Picos, el análisis del proyecto debe sustentarse en información científica y verificable, al considerar que, por el nivel de revisión técnica y regulatoria al que ha sido sometido, se trata de uno de los casos industriales más estudiados de la industria mexicana contemporánea.
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ksh
