Los integrantes del colectivo “Nos Faltan 43” manifestaron su inconformidad por la forma en que las autoridades encargadas de la investigación sobre el caso se mantienen en la ruta de ocultar información delicada, la que, al final de cuentas, se difunde a través de filtraciones.
A través de un comunicado, el colectivo manifestó su posición respecto a la información difundida el sábado 2 de octubre respecto a conversaciones entre Francisco Salgado, director de seguridad pública, y Gildardo López, El Gil.
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“La Secretaría de Gobernación hizo pública las conversaciones interceptadas el 26 de septiembre y octubre de 2014, entre el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares y Gildardo López Astudillo alias El Gil, así como entre un policía de Huitzuco y Alejandro Palacios alias “Cholo Palacios”, respectivamente, en las que se da cuenta que nuestros hijos habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo delictivo Guerrero Unidos quienes (supuestamente) los privaron de la vida”.
“Las madres y padres de familia nos preocupa la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que los familiares ni los representantes se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación, y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) se les consultó sobre tal proceder”.
Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes del caso Iguala, dijo que para ellos la verdad histórica nunca existió y que las investigaciones de la Fiscalía han tenido avances, sin embargo, no es de la forma en que lo querrían.
"La verdad histórica para nosotros nunca existió, de manera responsable las investigaciones se han llevado a cabo no como quisiéramos pero hay avances en el trabajo de la Fiscalía", dijo en entrevista para MILENIO Televisión.
Reprocharon que el Ejército tenía información en tiempo real de lo que estaba aconteciendo la noche del 26 de septiembre de 2014 “y no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes”.
“Desde el año 2018 a la luz de las obligaciones que tenía por el decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso”, añadieron.
La publicación de información filtrada, refirieron, fortalece la demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de los normalistas rurales.
“El Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer plenamente los hechos y ofrecernos verdad y justicia, seguirnos entregando retazos de información solo nos lastima y revictimiza”, indicaron.
DA
