En 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) atrajo el caso de una menor de edad, originaria de una comunidad indígena de Acaxochitlán que, por usos y costumbres, pretendía ser obligada a unirse en matrimonio con un joven mayor que había hecho un acuerdo con el jefe de familia. Aunque este es el único caso oficial, el organismo no descarta más sucesos en los que las niñas hidalguenses, contra su voluntad, sean presionadas para casarse, en ocasiones a cambio de alguna prebenda. Tanto protectores de derechos humanos como funcionarios del sector indígena e investigadores coincidieron que forzar a una persona a contraer matrimonio, “comprar” a una esposa, o acordar cualquier tipo de intercambio por una mujer, debe ser considerado un delito.
Los matrimonios forzados, dijeron, son una práctica violatoria que debe tipificarse, debido a que cuando se trasgrede la ley, no pueden ampararse en usos y costumbres.
Tras el incidente en Acaxochitlán, la CDHEH inició investigaciones en esa y el resto de zonas indígenas en la entidad para identificar estas prácticas; sin embargo, revela el presidente de la Comisión, José Alfredo Sepúlveda Fayad, aún no ha arrojado más resultados.
El matrimonio forzado, dijo, es un tipo de discriminación: “al no darle el rango de ser humano, en este caso la mujer, normalmente menor de edad, porque no se le da un trato como si fuera un animal o una cosa, que compran y venden, se está cometiendo una violación.
“Pienso que (erradicar este fenómeno) es un proceso educativo, no está mal el que pudiera tipificarse como delito; sin embargo, siento que si de pronto en una comunidad de la Huasteca o de la sierra Otomí-Tepehua se descubriera un caso, –porque los padres que hacen esto, lo hacen por tradición o por costumbre–, el agarrarlos, llevarlos a la cárcel y desbaratar a una familia no estoy seguro que fuera la mejor alternativa”.
Debido a que esta práctica es considerada como trata de personas, reconoció que es muy importante saber dónde persiste para hacer una campaña de educación en la que den a conocer cómo, por seguir usos y costumbres, puede cometerse un delito y violarse los derechos humanos de niñas indígenas.
Para la investigadora Verónica Kugel, rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, identificar si por usos y costumbres se trasgrede la ley requiere de un análisis por parte de especialistas, el cual debe realizarse con perspectiva cultural y de raíces.
“Para este peritaje se podría integrar un equipo pluridisciplinario, con antropólogos, expertos en derechos de mujeres, en usos y costumbres indígenas de comunidades cercanas a donde se presenta el fenómeno, para determinar si se trasgreden los derechos humanos”, indicó.
Aunque asegura que en sus más de 30 años de vida adulta, en los que ha observado diversos fenómenos culturales y sociales en el Valle del Mezquital, no ha constatado consta ningún matrimonio forzado, Kugel no duda que estas prácticas persistan, aunque con menor frecuencia que antes, lo cual, reitera, es una violación a los derechos humanos, al darle a la mujer el valor de un objeto.
Claves
Para saber
- El subsecretario de Atención a Comunidades Marginadas y Zonas Indígenas, Rigoberto Valencia Pérez, informó que trabajan para dar a conocer los derechos humanos en estos lugares.
- El funcionario hidalguense reconoció que por usos y costumbres, los indígenas pueden transgredir la ley y cometer un delito.
- “La trata de las personas puede ser desde un matrimonio forzado hasta el traslado a centro de labor agrícola, por eso estamos trabajando en la sensibilización en las comunidades”.
- Además, explicó que sólo la misma población indígena, con acceso a la educación, podrá erradicar prácticas como los matrimonios forzados.
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