El investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, Marcos Adrián Ortega Guerrero, destacó en su ponencia “Implicaciones de la sentencia 543/2022 en la gestión, investigación y enseñanza del agua subterránea en México” que el recurso legal promovido desde La Laguna requiere un cambio de paradigma.
“La implementación de la sentencia requiere un cambio de paradigma por muchos sentidos relacionados con el conocimiento del funcionamiento del agua subterránea”, dijo durante la charla ofrecida este viernes 3 de octubre en la Universidad Iberoamericana Torreón.
Te recomendamos...
Ortega profundizó en su conferencia sobre los antecedentes de la sentencia, los Sistemas Gravitacionales de Flujo de Agua Subterránea (la edad del agua), el origen y evolución del arsénico en el acuífero, los métodos mal aplicados por la Conagua para medir la disponibilidad del agua, así como las implicaciones del fallo.
“No sólo es importante para el Acuífero Principal de La Laguna, sino para todo el país, ya que requerimos la cuantificación de todos los procesos químicos y biológicos del ecosistema”, añadió.
Cambio en la gestión del acuífero
El investigador recordó que ya ha participado en estudios sobre la composición de la cuenca lagunera y cómo el área de las antiguas lagunas influyó con el tiempo en la contaminación del Acuífero Principal, principalmente con arsénico.
“Es un tema que hemos estado trabajando en términos de investigación del funcionamiento del agua subterránea en más de 20 años”.
Destacó que la sentencia 543/2022 permitirá un estudio más minucioso del acuífero y la creación de un modelo de gestión que contribuya a su restauración.
“Abre numerosas puertas y también hacia el sector salud que ha tenido problemas en la interpretación de los procesos de evolución del arsénico, la necesidad de incorporar los Sistemas Gravitacionales del Agua con todos los elementos espacio tiempo, modificación de leyes, normas y reglamentos, programas de salud, educación, ambiente y sustentabilidad”.
Uno de los retos, dijo, será cómo gestionar el agua de subsuelo que data desde la Edad de Hielo.
“Se tiene que encontrar un elemento para orientar la sustentabilidad y cómo evaluar los volúmenes de agua que se pueden usar en tiempo y en espacio. Hay trabajos de los años setenta que ya muestran la evolución de un acuífero sujeto a extracciones, pero hay que ver cómo incorporar la edad del agua en la gestión misma porque el reto es gestionar agua de la Edad de Hielo para el futuro”.
Propuesta técnica y avances
Luis Pedroza, asesor jurídico de las organizaciones promoventes del amparo, destacó que desde el año pasado establecieron una mesa de diálogo con las autoridades federales y propusieron que una institución como la UNAM se hiciera cargo de las propuestas técnicas para la recuperación del Acuífero Principal.
“Consideramos que lo correcto es que una institución especializada dictara las acciones para cumplir con el objetivo de la sentencia para tratar de recuperar el acuífero y establecer un rendimiento seguro”.
Añadió que la falta de recursos no debe ser una excusa para no cumplir con la sentencia, pues la Suprema Corte ya estableció cómo proceder.
“Todo cambio estructural va enfrentar retos, la sentencia ordena a las autoridades establecer un esquema de financiamiento. El hecho de que no exista una partida presupuestaria no impide que las autoridades no cumplan, pues tienen que gestionar ese recurso de manera extraordinaria”.
El amparo que antecedió a la sentencia fue promovido por las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero.
Avances en la sentencia
En octubre de 2024, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció una mesa de diálogo con los representantes de las organizaciones laguneras para revisar un plan de remediación de la sobreexplotación del Acuífero Principal de La Laguna.
En febrero de 2025, la Conagua y las organizaciones firmaron un acuerdo para concretar un nuevo plan de gestión del agua en la región.
En agosto de 2025, la Conagua inspeccionó 920 pozos en la Comarca Lagunera, de los cuales 150 están en proceso de revisión para determinar posibles sanciones administrativas por irregularidades como la falta o alteración de medidores.
e&d
