En Guadalajara, cada árbol tiene un precio cuando la autoridad autoriza derribarlo. En un dictamen del Ayuntamiento tapatío, 27 ejemplares que una constructora pretendía retirar en Lomas del Country fueron valuados entre 2 mil 200 y poco más de 43 mil pesos. En conjunto, la reposición por tala y poda alcanzaba unos 312 mil pesos.
El documento, exhibido en enero por la fracción de Morena, utilizó un concepto que durante años permaneció prácticamente fuera de los expedientes oficiales: compensación de biomasa.
Pero ponerle nombre y precio a la biomasa no significa que ésta sea realmente restituida.
Miguel Magaña Virgen, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y uno de los especialistas que hace 22 años participó en la elaboración de las dos normas que regulan el arbolado urbano de Jalisco, sostiene que el problema no es la falta de reglas, sino que las autoridades no las cumplen.
“La NAE-001 es la primera norma ambiental estatal que se generó, pero la realidad es que a nadie le interesa normar lo ambiental”, afirma.
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No se trata de plantar diez por cada árbol
La NAE-SEMADES-001/2003 establece, en su fracción 5.10.5, que cada árbol retirado debe ser compensado con ejemplares equivalentes en biomasa y servicios ambientales.
No significa plantar diez árboles pequeños por cada ejemplar adulto.
La biomasa es la materia viva del árbol: hojas, ramas y demás estructuras vegetales. Los servicios ambientales incluyen la sombra, la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, la filtración de agua y el hábitat que proporciona a otras especies.
“Reponme la biomasa que quitaste”, resume Magaña.
Por eso, los anuncios oficiales que presumen la plantación de diez o 15 árboles por cada ejemplar derribado no necesariamente cumplen con lo establecido en la norma.
“Ni los plantan y tampoco es el número”, señala.
Para dimensionarlo, propone tomar como ejemplo cualquier árbol grande de la ciudad, como un laurel que da sombra en las calles de La Paz y Donato Guerra, y calcular cuántos ejemplares pequeños serían necesarios para recuperar lo que ese árbol aportaba.
“La cuenta nunca da diez”, sostiene.
La deuda que dejaron las grandes obras
El problema no es reciente. Desde 2019, con las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, ya se advertía que la compensación no podía reducirse a contar árboles.
Más de 3 mil ejemplares fueron derribados a lo largo del corredor. Como compensación, se entregaron cerca de 50 mil árboles a municipios metropolitanos, pero posteriormente las propias administraciones que los recibieron no pudieron precisar dónde quedaron ni en qué condiciones sobrevivieron.
Para Magaña, esa experiencia demuestra la distancia entre compensar en el papel y recuperar realmente la masa forestal.
Ahora el concepto de biomasa aparece en documentos oficiales, pero el resultado, afirma, sigue siendo el mismo.
“Hay que medir el arbolado, sus diámetros, su altura, calcular la masa forestal por cada árbol. Es algo tan sencillo que no lo hacen”.
Cuando se le pregunta por qué, responde con tres posibilidades: “O porque no saben, o porque no quieren o porque no los dejan”.
El académico asegura que las grandes obras de infraestructura tampoco han restituido la masa forestal perdida.
Menciona el Tren Ligero sobre avenida Revolución y el Macrobús como ejemplos de proyectos en los que, a su juicio, nunca se recuperó la biomasa que fue retirada.
“Nunca han repuesto los árboles que han tirado. Jamás recuperaron la biomasa forestal que quitaron”.
Una norma que también dice cuándo y cómo podar
La NAE-SEMADES-001/2003 no sólo establece criterios para el derribo. También regula la poda y fija condiciones que, de acuerdo con Magaña, frecuentemente se ignoran.
La norma establece como periodo para realizar podas de noviembre a finales de febrero, antes de que comience el rebrote. Los cortes realizados fuera de ese periodo deben sellarse para reducir el riesgo de infección.
También limita la cantidad de copa que puede retirarse: hasta un tercio en árboles jóvenes de hoja ancha, la mitad en ejemplares maduros y 30 por ciento en coníferas.
El uso de machete y hacha está prohibido.
También busca impedir el desmoche, una práctica que deja árboles mutilados y que todavía puede observarse en avenidas de la ciudad.
La norma incluso establece que un árbol sano no puede ser derribado simplemente porque sus hojas ensucien, tapen un comercio o generen molestias. Antes de retirar un ejemplar, debe notificarse a los vecinos y colocarse un aviso con el número del permiso correspondiente.
Magaña también cuestiona las podas realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar cables.
“Ellos quitan para que pasen sus cables y lo demás no les interesa”.
El problema, explica, es que una poda realizada únicamente de un lado altera el equilibrio del árbol y puede dejarlo vulnerable ante fuertes lluvias y vientos.
Árboles mal plantados, árboles condenados
La segunda norma, la NAE-SEMADES-005/2005, aborda otro problema: qué árbol debe plantarse en qué lugar.
La disposición considera factores como el ancho de la banqueta, la altura que alcanzará el ejemplar, el desarrollo de sus raíces y las condiciones climáticas.
Los árboles de gran talla, de 20 metros o más, deben destinarse a espacios amplios como parques y glorietas, no a banquetas estrechas.
Un ejemplo de lo que ocurre cuando estas reglas se ignoran, dice Magaña, son los alamillos plantados en el Centro de Guadalajara durante la administración de José Guillermo Vallarta Plata, entre 1980 y 1982.
La intención era acelerar la reforestación de la ciudad.
“Vamos a plantar alamillos para que cuando yo salga esté Guadalajara reforestado, porque crecen muy rápido”, recuerda que se decía entonces.
El problema es que el alamillo puede alcanzar hasta 35 metros de altura.
“Los plantaron mal, en banquetas angostas del centro, y fue un verdadero desastre”.
La norma posterior clasificó al alamillo como una especie de talla alta, precisamente el tipo de árbol que no debe colocarse en una banqueta estrecha.
Jalisco tampoco sabe cuántos árboles tiene
La norma también establece que los municipios deben realizar un censo anual del arbolado, ejemplar por ejemplar, con información sobre su ubicación, edad, altura y estado de salud.
Magaña asegura que esa obligación tampoco se cumple.
“No, por supuesto que no lo hay. No es lo más importante para los ayuntamientos los árboles”.
La falta de información también dificulta conocer qué árboles están en riesgo y cuáles requieren mantenimiento antes de que una tormenta los derribe.
Porque, según el especialista, un árbol no suele caer únicamente por la lluvia.
“A los árboles casi los ahogan con el pavimento, y evitan que haya infiltración de agua”.
Cuando el agua no llega al suelo, las raíces no se desarrollan adecuadamente y permanecen superficiales.
“Con una raíz débil, el peso del agua cuando llueve y cualquier movimiento de aire, se viene abajo, porque sus cimientos no están bien desarrollados”.
Una norma obligatoria, pero sin vigilancia efectiva
La pregunta inevitable es por qué una norma obligatoria para los 125 municipios de Jalisco puede incumplirse durante años.
Una de las respuestas está en el propio diseño institucional.
La norma dejó la vigilancia en manos de los ayuntamientos y vinculó las sanciones con la legislación municipal, sin establecer una instancia estatal con capacidad permanente para supervisar el cumplimiento.
A esto se suma la rotación de los equipos técnicos municipales cada tres años, mientras un árbol puede tardar entre 15 y 30 años en alcanzar un desarrollo considerable.
Para Magaña, el resultado es una política ambiental sometida a los tiempos políticos y administrativos.
“Vivimos en un proceso de dictadura administrativa en la materia ambiental. Lo que dice la administración, eso se hace, y al ciudadano no se le permite participar”.
Y resume así su crítica: “Está solamente para la pantalla, para que digan que están haciendo las cosas”.
El mercado negro de los permisos
La falta de controles también abre espacio a prácticas irregulares.
Magaña asegura que cuando un ciudadano busca un permiso para podar, puede encontrarse con negativas por falta de cupo o cobros elevados. Después, sin embargo, puede aparecer una alternativa por fuera de los canales oficiales.
“Tengo un conocido en el ayuntamiento, yo se lo doy y le cobro tal”.
Cuando existe un riesgo real, añade, Medio Ambiente no siempre es la primera instancia en responder. En esos casos suele intervenir Protección Civil, especialmente cuando se advierte que un árbol podría caer sobre una vivienda.
Sobre la actuación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), el investigador también expresa dudas.
“Mientras haya amigos o hijos de políticos, sin el conocimiento, no va a salir”.
¿Otra norma o hacer cumplir la que ya existe?
Por eso, el anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) sobre la preparación de una nueva norma no entusiasma al académico.
La propuesta, atribuida al funcionario Jesús Cortés, le parece innecesaria mientras no se evalúe primero por qué no se cumple la legislación vigente.
“No habría necesidad de una nueva, más bien fortalecer la que hay. Primero díganme los errores de esta norma, por qué no se aplica y luego ya vemos”.
Para Magaña, el problema central no es la ausencia de reglas, sino su incumplimiento.
Un árbol, explica, funciona como un “ventilador natural” y un filtro que captura dióxido de carbono y contribuye a mejorar la calidad del aire. Su pérdida también tiene un costo para las ciudades, particularmente frente al aumento de las temperaturas y las islas de calor.
“Sale más caro no atender lo ambiental”.
Por eso también cuestiona las cifras oficiales que hablan de un millón de árboles en Guadalajara.
“No sé, podría ser, ¿pero en qué calidad están?”.
Un millón de árboles, advierte, no necesariamente significa una ciudad arbolada.
Si están confinados entre concreto, sin espacio para desarrollar sus raíces, sin mantenimiento y sin un registro que permita conocer su estado, la cifra puede ocultar más de lo que revela.
“Nadie se acuerda de los árboles hasta el momento en que se empiezan a caer por las lluvias”.
AH
