La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.
El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso de Jalisco, pese a tratarse de bienes de dominio público.
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El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.
Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.
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El 7 de octubre de 2014, se emitió en la Ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco.
En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.
Posible violación a una suspensión
El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.
En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso.
El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.
