A 10 días de que denunciaran la colocación de cámaras tipo espía en los baños de la Prepa 29, ninguna autoridad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha dado importancia al reclamo de las estudiantes agraviadas, mientras que el director del plantel, José Francisco Calvo Hernández hace lo necesario por minimizar el hecho.
Un grupo de alumnas de la preparatoria ubicada en el municipio de Tixtla se trasladaron a Chilpancingo para denunciar ante los medios de comunicación que, hasta el momento, las autoridades de la máxima casa de estudios guerrerense ha tratado de minimizar un hecho que consideran como grave.
La mayoría con el rostro cubierto, responsabilizaron al director de la institución, José Francisco Calvo Hernández, de la difusión de los videos que se captaron con las cámaras espía, mismos que aseguran, están circulando en redes sociales.
En el caso particular del director, señalaron que ha hecho lo posible por invisibilizar los hechos.
Fueron siete alumnas las que incluso tuvieron que cerrar las instalaciones de la preparatoria para llamar la atención de rectoría y de la defensoría de los Derechos Humanos de la UAGro, pero hasta el momento no se tiene el seguimiento correspondiente.
Para resguardar sus identidades, las jóvenes utilizaron cubrebocas y sudaderas con gorro, dijeron que en el área de Derechos Humanos tienen las cámaras, pero no se ha realizado mingún tipo de trabajo para recuperar el material.
Ante la versión de que algunos de los videos captados por esas cámaras ya circulan en ciertas redes sociales y aplicaciones de teléfonía digital, responsabilizaron al director, ya que fue a quien le entregaron las cámaras con el contenido, pero cuando este entregó el equipo a Derechos Humanos de la institución ya estaban en blanco.
Varios padres han acudido a la preparatoria para pedir información sobre el proceso de investigación, pero es el propio director el que los recibe y solamente les da largas o refiere que lo denunciado solo son “niñerías”.
Ante el silencio de las autoridades universitarias, las alumnas ya analizan la opción de realizar una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitar la ayuda de la Policía Cibernética para rastrear la difusión de los videos, ya que las autoridades universitarias no hacen caso a sus denuncias.
DMZ
