Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, informó que si bien colectivos y familiares de personas desaparecidas reconocen la aceptación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que las desapariciones en México que están principalmente vinculadas con el crimen organizado son desapariciones forzadas, también rechazan algunos términos en que la dependencia aceptó los señalamientos hechos por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas en este tenor.
En agosto pasado, las familias solicitaron al Comité comunicar a la Corte Penal Internacional la información que ellos mismos proporcionaron y que incluye información oficial del gobierno mexicano, para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso de nuestro país, a fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma.
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También pidieron recomendar la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique los patrones que permitan determinar "la existencia de situaciones generalizadas y sistemáticas más allá de toda duda" de las desapariciones en el país, ya que sus conclusiones apuntaron hacia una aquiescencia del Estado, esto último que fue rechazado por el gobierno mexicano.
En un pronunciamiento que reúne a 80 Colectivos, 143 familiares de personas desaparecidas, y 36 organizaciones civiles, entre otros, las familias ahora "reconocen y reciben con beneplácito la admisión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que las desapariciones que están principalmente vinculadas con el crimen organizado son desapariciones forzadas, pero expresan su rechazo respecto de otros elementos del comunicado de la dependencia".
¿Qué dice el comunicado emitido por el Gobierno de México?
El comunicado fue emitido el pasado 22 de octubre y en él, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, admite que “el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, lo que, mencionan las familias, quiere decir que reconoce que, aunque las desapariciones forzadas sean en su mayoría perpetradas directamente por agentes delincuenciales, "no dejan de ser desapariciones forzadas propiamente dichas, como el comunicado expresamente lo reconoce".
Es decir, agregan, cuando la privación de la libertad es cometida por agentes no estatales, se convierte en desaparición forzada cuando se ha dado autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
"Recibimos con beneplácito esta admisión expresa por parte del gobierno de México, al referirse a desaparición forzada y no solamente la desaparición, pues esta posición es distinta a actitudes anteriores en donde se negaba que las desapariciones contemporáneas de nuestro país tengan vínculos con el Estado".
Esta afirmación del comunicado, la recibimos con esperanza, pues confirma la adecuada aplicación e interpretación del artículo 34 de la convención en la materia que le ha dado el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que en efecto, se refiere a “desapariciones forzadas”.
El comunicado oficial de la SRE, afirma que la Cancillería, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Al respecto, sostiene que "dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención".
Gobierno de México no ha seguido las recomendaciones
No obstante, las familias señalan que el Estado Mexicano no ha seguido las recomendaciones del CED en relación con la instrumentación de una política de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares en México, que incluye, entre otras cosas, el abandono del modelo militar de la seguridad pública.
Las familias rechazaron el aseveramiento de la SRE, de que la desaparición de personas "es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción", pues consideran que "nuevamente la evidencia empírica muestra lo contrario a lo afirmado por el gobierno de México. Tan es así, que el CED considera que la impunidad en México respecto de las desapariciones, no es que sea “generalizada”, sino que la ha calificado como “casi absoluta”.
Destacan también el nivel de impunidad, pues sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, por lo que las cifras de sentencias condenatorias en esta materia "es ínfima, en comparación con el descomunal número de más de 133 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas".
Continúa diciendo el comunicado: “las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) carecen de sustento y no son admisibles”.
Al respecto las familias puntualizan que las afirmaciones del CED al decidir activar el artículo 34 de la Convención de la materia, se refieren a indicios de la existencia de desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, y a la existencia de una impunidad prácticamente absoluta al respecto.
"Consideramos que más de 133 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, el incremento constante en las cifras de personas desaparecidas, al grado de qué se cometen más de 40 desapariciones por día en la actualidad y una impunidad casi absoluta al respecto, no pueden calificarse como carentes de sustento, ni inadmisibles".
aarp
